La Municipalidad de Iquique lamentó el llamado a paralización de actividades realizado por los funcionarios de la salud municipal para este martes 21 de noviembre y afirmaron que mantendrán abierto el diálogo con los trabajadores.
A través de un comunicado, el municipio afirmó que “desde el comienzo, hemos estado abiertos a conversar con los funcionarios de la Salud Primaria tanto como Cormudesi, el alcalde como presidente de su directorio y también el Concejo Municipal”.
Respecto a las demandas de los funcionarios, la municipalidad indicó que aumentar los sueldos en un 40% “es inviable financieramente, lo que les hemos demostrado en diversas reuniones con nuestros organismos técnicos y no se condice con nuestra responsabilidad de administrar correctamente los recursos públicos”.
“Hemos velado por dar cumplimiento a nuestras obligaciones financieras y laborales. Tenemos un servicio de Educación, próximo a traspasarse al Estado, sin deudas laborales ni previsionales – cuestión muy distinta a lo que ocurre en otras comunas – y, en materia de Salud, también están los sueldos y previsiones pagadas y al día, por lo que así queremos que continúe siendo, un manejo responsable en el marco de nuestras posibilidades”, agregaron.
El documento detalla que con el fin de hallar un punto de encuentro en este tema, el pasado 3 de noviembre, la Cormudesi se comprometió con las propias agrupaciones gremiales a que el próximo 30 de noviembre “se les entregaría una propuesta que fuera financieramente sostenible en el tiempo, enmarcada en nuestra viabilidad económica y de los recursos disponibles”.
“Por tal razón es que no entendemos y lamentamos que las y los funcionarios, sin esperar la fecha comprometida, hayan decidido iniciar un paro con las graves consecuencias que ello tiene en la atención de salud comunal y sin siquiera haber recibido una propuesta formal de nuestra parte, pues existe una fecha precisa y acordada para ello”, añadieron.
Por último, el municipio llamó a los dirigentes de los funcionarios “a que puedan hacer coincidir las justas y legítimas aspiraciones de mejora en los ingresos de sus asociados con nuestras posibilidades reales de concretarlo sin llegar a quebrar el sistema, lo cual no sólo sería malo para los propios trabajadores sino, especialmente, para la comunidad a la que nos debemos”.