El pasado sábado 25 de noviembre, el Diario Oficial de Chile publicó el reglamento que norma la tramitación y pago de pensiones para hijos de mujeres víctimas de femicidio. La medida promulgada en abril pasado, coincide con la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
En detalle, el reglamento de esta nueva normativa establece las directrices para acreditar los requisitos para acceder a la pensión, las condiciones para su extinción y las normas para su aplicación efectiva.
La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, junto con la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, suscribieron este documento.
La Ley 21.565 se enfoca en brindar atención y reparación preferente a las víctimas de femicidio y sus familias. Incluye medidas como el fuero laboral para víctimas de femicidio frustrado o tentado, permitiendo a sus familiares asistir a diligencias de investigación y judiciales con la posibilidad de ausentarse del trabajo.
El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg) será el encargado de determinar la condición de hijo o hija de las víctimas de femicidio consumado o suicidio femicida.
A su vez, el Instituto de Previsión Social (IPS) se encargará del pago de las pensiones, que se realizarán mensualmente y serán compatibles con otras prestaciones previsionales o beneficios de seguridad social.
Por su parte, la Superintendencia de Pensiones será responsable de fiscalizar el pago de las pensiones, que se extenderán hasta que el beneficiario cumpla 18 años, fallezca, o por sentencia judicial. El pago se realizará a quien ejerza el cuidado personal o representación del beneficiario.
La ministra Jeannette Jara destacó que el reglamento es un avance hacia la reparación de las familias víctimas de femicidio, reconociendo la victimización de los hijos. Además, la ministra Orellana resaltó la transversalidad y el acuerdo político en la aprobación de la ley, enfatizando el compromiso del gobierno en la prevención y erradicación de la violencia de género.