La Corte de Apelaciones de Iquique rechazó el recurso interpuesto por el abogado querellante, Enzo Mórales, y confirmó el arraigo nacional para la consejera regional (CORE), Daniela Solari (RN), la exfuncionaria María Luisa Lemus y a tres particulares, imputados por el Ministerio Público como autores del delito de fraude al fisco en el Caso Cajas de Alimentos.
En la jornada del miércoles, el tribunal escuchó los alegatos para decidir si acogía la petición de prisión preventiva para los imputados. La apelación fue presentada por el abogado querellante, Enzo Morales, quien afirmó que luchará “aunque sea solo contra la corrupción, respecto de graves actos que defraudan la confianza pública”.
“La Corte de Apelaciones de Iquique confirmó la medida cautelar personal de arraigo nacional, esto es prohibición de salida del país, respecto de los imputados del caso cajas de alimento liderado por la consejera regional, Daniela Solari Vega, y la funcionaria María Luisa Lemus Espinosa, y también respecto de los empresarios que han sido formalizados por la comisión concertada de los delitos de fraude al fisco, con un perjuicio fiscal para la región de Tarapacá de alrededor de 500 millones de pesos en el sobreprecio de 10 mil pesos por caja que se incorporó a las miles de cajas que se entregaron durante la pandemia de hambre, desempleo y muerte”, explicó el abogado.
Mórales, único querellante que pidió prisión preventiva para los imputados, enfatizó que seguirá exigiendo “cárcel efectiva sin beneficio para todos los corruptos de Tarapacá”, pese a la resolución de la corte.
Cabe recordar que el pasado 21 de noviembre, se realizó en el Juzgado de Garantía de Iquique la audiencia de formalización de la investigación penal en contra de seis nuevos imputados en el caso como co-autores por la comisión concertada de los delitos consumados de fraude al fisco.
En dicha audiencia, el querellante particular solicitó al tribunal decretar la prisión preventiva respecto de todos los imputados en su calidad de co-autores de los delitos consumados de fraude al fisco, basado en los antecedentes expuestos por el Ministerio Público la que contó con 20 declaraciones, las conclusiones de 2 Informes Finales de Auditoría de la Contraloría General de la República (CGR), el resultado del Informe Policial de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y sus anexos. También se presentaron 6 Informes Periciales contables de la PDI, y las propias declaraciones “contradictorias” de los imputados.
Sin embargo, la jueza de Garantía rechazó la solicitud del abogado querellante, decretando únicamente la medida cautelar personal de “arraigo nacional” para los 5 imputados y la firma mensual para el empresario Gunther Ziller. La medida fue ratificada por el tribunal durante esta jornada.