La Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad, el proyecto que establece obligaciones y requisitos para la construcción de edificaciones en suelo colapsable. Además, declara de utilidad pública la protección de la población y de las familias en los casos de viviendas irreparables o inhabitables por efecto de socavones.
Previo a la votación, expuso el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin). El servicio señaló que “hay un aporte significativo y sustantivo a lo que observan en terreno”. Sin embargo, estimaron que “se puede mejorar en temas conceptuales geológicos”.
El geólogo Javier Fernández, del Departamento de Geología Aplicada del organismo, reparó en qué las iniciativas se basan en los casos de Alto Hospicio. Empero, consideró que puede abarcarse mucho más que eso (ver nota relacionada).
En tal plano, propuso cambiar el término “suelo colapsable” por “terrenos propensos a la subsidencia”, por ejemplo, en el que se incluyen varias problemáticas.
El especialista también recomendó modificaciones que abarquen las subsidencias y las remociones en masa condicionadas o desencadenadas por efectos antrópicos, tanto en sus zonas de generación como de alcance.
Seguidamente, manifestó la importancia que la gente que construye en estas circunstancias asuma los efectos que pueden generar.
Alcances
En términos centrales, las iniciativas refundidas buscan una solución integral, en sintonía con las necesidades y requerimientos de los afectados, de las organizaciones vecinales y comunitarias.
Adicionalmente, se expone que la problemática ha tenido lugar en distintas regiones del país. Entre ellas están las de la macro zona norte del país, territorios en los que existe una alta probabilidad de que vuelvan a ocurrir socavones, debido a alteraciones considerables en la estructura y composición de los suelos.
Ejemplos concretos de lo anterior están dados en las comunas de Alto Hospicio, donde existen hoy centenares de familias afectadas; y en el sector de Reñaca de Viña del Mar.