Este martes el Gobierno presentó la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Se trata de un plan de seguridad que nació de una Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (MILAFT), implementada en mayo pasado, y que se convirtió en un órgano asesor del Presidente de la República en estos temas, el cual elaboró un Tercer Plan de Acción relativo a esta materia.
El documento fue elaborado por 29 instituciones públicas en el marco de la MILAFT y permitirá al país enfrentar los mencionados actos ilícitos por medio de 55 compromisos que se desarrollarán en los próximos cuatro años, a través de 7 líneas de trabajo: actualización legislativa, fortalecimiento de la persecución penal, identificación y evaluación de riesgos, supervisión y regulación interinstitucional coordinada, intercambio de información financiera, capacitación y cooperación nacional/internacional.
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y secretario ejecutivo de la MILAFT, Carlos Pávez, recordó que “los Planes de Acción ejecutados en los periodos 2014-2017 y 2018-2020 han fortalecido el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo”.
“Eso ha quedado de manifiesto en los Informes de Evaluación a Chile del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Sin embargo, el último examen, que finalizó en 2021, nos evidenció una serie de deficiencias que debemos superar en el futuro próximo para poder cumplir con los más altos estándares internacionales relacionados con la materia”, agregó.
Pávez añadió que, además de las recomendaciones del Gafilat, este nuevo Plan de Acción considera las directrices y medidas de la Política Nacional contra el Crimen Organizado y de la Estrategia Nacional de Integridad Pública, así como las modificaciones de los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) con miras a la Quinta Ronda de Evaluaciones de los países del mundo.
A ello se suman los resultados de las tres Evaluaciones Nacionales de Riesgos aprobadas por la MILAFT a fines de 2023: de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, esta última, la primera en su tipo que se realiza en Latinoamérica.
El Plan de Acción 2023-2027 se estructura en 7 líneas de trabajo:
- Monitoreo, análisis y propuestas de actualización legislativa.
- Fortalecimiento de la persecución penal efectiva de los delitos.
- Identificación y evaluación de los riesgos.
- Supervisión y regulación en coordinación y cooperación interinstitucional.
- Facilitar el intercambio y uso de la información financiera para fortalecer los procesos de inteligencia.
- Capacitación para fortalecer la comprensión y las capacidades para prevenir, detectar y perseguir el delito.
- Coordinación y cooperación nacional e internacional.
Además, incluye 55 acciones y medidas entre las que destacan:
- Asistencia técnica para la elaboración y trámite del proyecto de ley que creará un Registro Nacional de Beneficiarios Finales.
- Proponer la modificación del Decreto 214/2020 del Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre medidas que implementan las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para la prevención y represión del financiamiento, directo e indirecto, de actividades que afecten la paz y seguridad internacionales.
- Crear un registro de datos centralizado (sistema estadístico) de bienes y activos cautelados, incautados y decomisados (en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo), que incluya la información de todas las instituciones pertinentes.
- Generar un protocolo entre las instituciones pertinentes para la identificación de bienes y activos relacionados con la investigación de delitos base de lavado de activos.
- Generar un catastro de la información disponible y mecanismos existentes, que utilizan las instituciones pertinentes respecto de los bienes y activos cautelados, incautados y decomisados (en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo).
- Elaborar estudios o análisis de caracterización (de carácter confidencial) relacionados con: Delitos económicos y su patrimonio, Delitos de corrupción y su patrimonio, y Crimen organizado y su patrimonio.
- Generar una política de coordinación y cooperación interinstitucional en materia de supervisión y regulación antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo y el de la proliferación.