La Sala de la Cámara respaldó el informe de la comisión que indagó el procedimiento y criterios para el otorgamiento de pensiones de gracia a víctimas del estallido social.
Entre los puntos investigados se revisaron los 418 decretos que otorgaron pensiones de gracia por hechos ocurridos a partir del 18 de octubre de 2019. Estos fueron emitidos en los gobiernos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric.
Sobre el punto se detectó que había 40 beneficiados con antecedentes penales y 39 personas que sufrieron lesiones leves. Estas personas cuentan con pensiones vitalicias.
Se observó que, durante la selección de los casos, no hubo en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ni en el Ministerio del Interior una instancia conformada por profesionales de la salud para acreditar las lesiones.
Además, se señaló que tampoco intervino un órgano técnico calificado en la materia. Da cuenta de la poca objetividad del procedimiento para constatar las afectaciones físicas, se expone en el texto.
También se recomienda reevaluar el mérito de pensiones otorgadas a personas con antecedentes penales. Igualmente, si se detecta una mejoría física en beneficiarios con lesiones leves. Ello, considerando que las pensiones otorgadas tienen carácter de vitalicias.
En otro tema, se remitirán antecedentes a la Contraloría General de la República, respecto a las glosas que se aplicaron para otorgar el beneficio. La idea es que el órgano se pronuncie sobre la legalidad del procedimiento, en atención a eventuales infracciones al principio de legalidad.
El informe insta al Gobierno a hacer un seguimiento de la situación de los beneficiarios con lesiones leves. El objetivo es revisar la evolución de las condiciones físicas que justificaron el otorgamiento de la pensión. Así, se espera verificar si aún persisten esas afectaciones, mediante un procedimiento especial realizado por un organismo técnico, como la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin).
Por otro lado, la ministra Carolina Tohá fue consultada por la petición de algunos diputados de derecha, que piden la cabeza del subsecretario Manuel Monsalve.
La ministra señaló que “en la política muchas veces uno ve estas cosas, pero no fue el subsecretario Monsalve el que hizo esa ley, la hizo el parlamento en su conjunto y el que hizo el oficio que la regulaba fue el subsecretario que lo antecedió y esto en virtud que aquí en Chile históricamente las pensiones de gracia se han otorgado sin consideración a los antecedentes penales”.
Cabe recordar, que el Gobierno ya anunció revocar pensiones de gracia a personas condenadas o con antecedentes penales por delitos graves. No se aplicará a quienes hayan sufrido trauma ocular. Por otra parte, se realizaron modificaciones al Manual de Procedimiento para el otorgamiento de Pensiones de Gracia.