El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Iquique condenó a 15 años de cárcel a E.T.M. como autora del delito de homicidio calificado de la dirigenta Antonia Esteban Moscoso, hecho ocurrido el 17 de febrero de 2023, mismo día en que la víctima había sido distinguida como ciudadana destacada por la Municipalidad de Pozo Almonte.
En la audiencia de lectura de sentencia realizada en la jornada de este miércoles, también se condenó a E.T.M al pago de 35 millones de pesos por concepto de indemnización de perjuicios.
Recordemos que el pasado 22 de marzo el tribunal determinó la culpabilidad de la imputada, dando por acreditado que el 17 de febrero de 2023, E.T.M. concurrió a bordo de un vehículo al exterior del Centro de Artes Escénicas de la comuna de Pozo Almonte, donde recogió a la víctima, tía de su marido, quien mantenía una discapacidad física del 70% y caminaba ayudada por un bastón, y con quien tenía una relación de cercanía, con la excusa de ir a firmar un documento notarial para el traspaso de un terreno.
Una vez que la víctima salió del lugar y de la ceremonia en la que había sido distinguida como ciudadana destacada, se subió al auto de la acusada, quien la trasladó a un domicilio ubicado en calle Héctor Basualto, donde una vez en el interior, y aprovechando la confianza y la discapacidad física que mantenía la víctima, se puso a su espalda y con un cuchillo la apuñaló a la altura del tórax comprometiendo el pulmón y el corazón. Debido a la gravedad y multiplicidad de heridas, la víctima falleció en el lugar.
Posteriormente, la condenada limpió minuciosamente el lugar e introdujo el cuerpo de la víctima al interior de una maleta, cambiando parte de sus ropas para evitar mantener restos de sangre y retirándose del lugar en el mismo vehículo en que llegó. Al día siguiente, en horas de la mañana, E.T.M. fue otra vez hasta ese domicilio y trasladó la maleta con el cuerpo de la víctima hasta una vivienda ubicada en calle Aldunate de la misma comuna, lugar donde lanzó la maleta a un pozo séptico ubicado en el patio.
En el juicio el fiscal del Tamarugal, Milton Torres, presentó los testimonios de los funcionarios de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) que realizaron las diligencias desde el mismo día en que desapareció la víctima, tomando declaración incluso a la propia condenada, ya que había sido la última persona en verla, quien señaló en ese momento que la había dejado en una calle de Pozo Almonte con otra señora y no la volvió a ver, aunque habían quedado de acuerdo en ir a una notaría junto a su marido para materializar la compra de un terreno por el cual la víctima le había pagado 30 millones de pesos.
Sin embargo, los funcionarios policiales analizaron las cámaras de seguridad del lugar donde supuestamente la imputada había dejado a la víctima y confirmaron que dicha información no coincidía, tomándole nuevamente declaración a E.T.M., ocasión en que ella confesó que le había dado muerte y cómo la había realizado.
También, se detallaron las posteriores diligencias realizadas por la policía en los sitios del suceso donde falleció la víctima y donde se escondió su cuerpo. Además declararon familiares de la víctima, quienes señalaron desconocer sobre la venta del terreno, y el médico legista del Servicio Médico Legal que dio cuenta de la causa de muerte y de las graves heridas que presentaba su cuerpo.
