Este martes el Tribunal Constitucional (TC) rechazó el requerimiento de inconstitucionalidad al proyecto de ley integral que establece medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, en razón de su género.
En fallo dividido, por seis votos contra cuatro, los ministros del TC decidieron rechazar el requerimiento deducido por un grupo de diputadas y diputados de oposición por la expresión “no sexista” y la conjunción “y” contenidas en el inciso segundo del artículo 12 de dicho proyecto de ley.
Tras conocerse la resolución del tribunal, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, señaló que esto abre “paso a la promulgación de la Ley Integral con acciones concretas para prevenir la violencia de género contra las mujeres desde la temprana edad”.
Por su parte, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, expresó tener la “tranquilidad y la seguridad de que el proyecto para resguardar a las mujeres de una vida libre de violencia es un proyecto total y absolutamente constitucional”.
Además, la secretaria de Estado adelantó en la jornada que “ya resuelto el fallo, nosotros vamos a proceder a la publicación lo antes posible”.
“Es un proyecto que avanza en la dirección correcta, un proyecto que es largamente esperado por las mujeres de distintos sectores políticos, de distintos niveles socioeconómicos, porque justamente se hace cargo de cómo es el fenómeno de la violencia y cómo hay que erradicarlo”, agregó.
Recordemos que en marzo pasado el Congreso Nacional despachó la ley integral para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que institucionaliza medidas y fija una “hoja de ruta” para el futuro.
Pese a esta aprobación, un grupo de diputadas y diputados de la UDI, Renovación Nacional (RN), Republicanos, el Partido de la Gente (PDG) y el Partido Social Cristiano ingresaron un requerimiento ante el TC para poder impugnar esta ley.
Los parlamentarios cuestionaron el concepto de educación no sexista y con igualdad de género” que está presente en la normativa, aludiendo a que vulnera el derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos. Sin embargo, el TC desestimó estos argumentos y rechazó el requerimiento.
