El Juzgado de Garantía de Iquique citó a las partes involucradas en el caso de Cajas de Alimentos a una audiencia de ampliación de plazo de investigación, a partir de las 10:00 horas del lunes 22 de abril, ya que los 140 días establecidos para las diligencias vencieron el 11 de abril de 2024.
Para la jornada también está contemplada una audiencia de apercibimiento o comunicación de cierre de investigación y la revisión de medidas cautelares para un grupo de imputados en este caso de fraude al Fisco.
En un principio, la defensora Aliny Garcés, en representación de los imputados Gabriel Díaz y Rodrigo Vega, solicitó el 21 de marzo una audiencia para el cierre de la investigación, argumentando que el plazo judicial estaba vencido. Ese mismo día, el tribunal fijó la audiencia de apercibimiento para el 12 de abril citando a las partes involucradas.
Unos días después, el fiscal adjunto de la Fiscalía Local de Iquique, Juan Zepeda, pidió la realización de una audiencia de ampliación del plazo de la investigación “por existir diligencias de investigación solicitadas dentro del plazo, que aún se encontrarían pendientes”. En dicha ocasión, el persecutor mencionó que ya se encontraba fijada una audiencia de cierre para el 12 de abril.
El 26 de marzo, el juez Diego Reyes decidió citar a los intervinientes a una audiencia de aumento de plazo de investigación para el 22 de abril, a las 8:30 horas, en las dependencias del Juzgado de Garantía de Iquique.
Sin embargo, ese mismo día, el fiscal Zepeda presentó un recurso de reposición por la citación, argumentando que la resolución causó “un agravio” al Ministerio Público, ya que se había fijado con anterioridad la audiencia de apercibimiento, siendo “contraproducente” fijar en una fecha posterior la audiencia de aumento de plazo de investigación (22 de abril).
El persecutor manifestó que la discusión debiera darse en una misma audiencia “por economía procesal”. Explicó que si se resuelve cerrar la investigación el 12 de abril y posponer la discusión de aumento de plazo, se estaría “impidiendo el ejercicio legítimo” de la Fiscalía “de sustentar la persecución penal con una investigación adecuada tanto en tiempo como en forma, por el tipo de delitos investigados y la cantidad de personas formalizadas”.
Según el fiscal, el tiempo de plazo fijado por el tribunal para la investigación del caso Cajas de Alimentos venció el 11 de abril de 2024, por tanto “se entiende que el tribunal modifique lo resuelto el día 26 de marzo, fijando en una misma audiencia, la discusión de aumento de plazo de investigación y el apercibimiento para el cierre, es decir, el día 12 de abril de 2024 a las 08:30 horas”.
“Se sirva tener por interpuesto recurso de reposición en contra de la resolución de fecha 26 de marzo del presente año, solicitando que esta sea modificada, fijándose audiencia de aumento de plazo de investigación para el día 12 de abril de 2024 a las 08:30 horas”, se detalla en el documento.
En la misma jornada (26 de marzo), Sabas Chahuán, abogado de la imputada y consejera regional Daniel Solari, solicitó que se deje sin efecto la audiencia del 22 de abril, presentada por la defensora Aliny Garcés, y que se decrete que ambas peticiones sean debatidas en la audiencia fijada para el 12 de abril.
Frente a esta situación, la defensora pidió que se dejara sin efecto su solicitud de fijación de audiencia de apercibimiento, luego de considerar “una mejor ponderación de los antecedentes relativos al plazo judicial fijado”.
Así las cosas, el tribunal acogió la solicitud y dejó sin efecto la audiencia programada para el 12 de abril. Además, se resolvió las solicitudes presentadas por el Ministerio Público y el defensor Chahuán, manteniendo la audiencia de aumento de plazo en su programación original, es decir, para el 22 de abril.
A menos de dos semanas de iniciar la audiencia, el abogado de los imputados Dimitri Díaz Neira y Ricardo Percic solicitó que en la audiencia de ampliación de plazo de investigación se pueda tratar “el apercibimiento de cierre de la investigación, en caso de no ampliarse el plazo de investigación”.
De igual forma, el defensor penal público, Yon-Sin Sánchez, se sumó a la petición solicitando al tribunal que cite a una audiencia para comunicar el cierre de la investigación, tomando en cuenta que el plazo judicial legal está vencido.
Tras estas peticiones, el 16 de abril, el Juzgado de Garantía de Iquique decidió citar a los intervinientes a una audiencia de comunicación o apercibimiento de cierre de investigación, para el 22 de abril, a las 8:30 horas, en las dependencias del tribunal.
En dicha jornada, las defensas podrían pedir que cumplido el plazo de investigación se defina si se vuelve a extender el periodo o que el juez decrete el cierre de la investigación a la Fiscalía.
Asimismo, el Ministerio Público podrá precisar si necesita más plazo para las diligencias que correspondan o si es que se procede al cierre de la investigación.
Presencia telemática de acusados
Una vez fijada la audiencia del lunes 22 de abril, algunos imputados se excusaron para no asistir presencialmente al Juzgado de Garantía de Iquique y solicitaron comparecer de forma telemática.
El 15 de abril, la defensa del exintendente Miguel Ángel Quezada (UDI) solicitó al juzgado autorizar la comparecencia del imputado de forma remota y por el sistema de videoconferencia Zoom u otro que se estime conveniente.
El imputado como autor del delito consumado de fraude al fisco en el caso Cajas de Alimentos se encuentra con arraigo nacional desde diciembre de 2023.
La defensa del empresario coimputado en la causa, Gunther Ziller Arjona, también pidió autorización para comparecer por vía remota a la audiencia del 22 de abril.
“Me encuentro a más de 1700 km de distancia del tribunal, y además, considerando que se trata de una audiencia que admite la comparecencia telemática y que cuento con los medios idóneos para ello, no existiría indefensión para mi representado”, se detalla en la solicitud de Ziller que se encuentra con firma mensual.
Imputados piden revisión de medidas cautelares
En la misma jornada en que se desarrollará la audiencia del caso Cajas de Alimentos, el tribunal programó revisar las medidas cautelares de los imputados Lorena Barrientos, Jorge Venegas y la consejera Daniel Solari.
En primer lugar, el juzgado fijó una audiencia de medidas cautelares por una eventual suspensión de arraigo nacional para la consejera Daniela Solari, quien era jefa de la División de Planificación y Desarrollo Regional de la Intendencia encabezada por Miguel Ángel Quezada en 2020. La sesión iniciará a las 10:00 horas del lunes 22 de abril.
Según se detalla en la solicitud, la consejera busca viajar a Londres, Reino Unido, por “razones familiares serias e ineludibles, relacionadas con la estadía y estudios de su hijo y la salud de otro familiar”. El viaje incluye una escala en la ciudad de Sao Paulo.
De autorizarse la suspensión de arraigo nacional, el viaje de la imputada por delitos de fraude al fisco se extendería por más de dos semanas, ya que su estadía sería desde el 18 de mayo hasta el 4 de junio de 2024.
Por otro lado, el 11 de abril, los abogados de Lorena Barrientos solicitaron una autorización para que la imputada asista a una audiencia de medidas cautelares a través de la plataforma Zoom u otra que se estime conveniente.
En la petición se detalla que la imputada tiene domicilio en la región Metropolitana y el trasladarse hasta la comuna de Iquique le generaría “un perjuicio” y “gastos monetarios considerables y elevados”.
Por último, la jueza de Garantía, Verónica del Pilar Opazo, acogió la solicitud de la defensa del imputado Jorge Venegas y programó una audiencia de revisión de prisión preventiva a las 10:00 horas.
“Caso Cajas de Alimentos”
El caso “Cajas de Alimentos” estalló en junio de 2020, luego que un reportaje publicado por Radio Paulina revelara que dos productoras de eventos, giro no asociado a la tarea de distribución de cajas, más una chef habían conseguido la millonaria licitación.
La investigación periodística fue llevada a cabo por este medio, debido a las irregularidades en la adquisición de cajas de alimentos por parte de la Intendencia liderada por Miguel Ángel Quezada en el año 2020.
La Contraloría detectó irregularidades en la implementación de la medida en distintas regiones. Una de ellas fue Tarapacá, en la que se detectó un cuantioso sobreprecio de 232 millones de pesos en el primer proceso de entrega de cajas y de más de 282 millones en el segundo proceso.
Recordemos que el caso ha tenido dos procesos de formalización, el primero con la lista política que involucró al exintendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada (UDI); su exjefa de Gabinete, Lilian Plaza Bravo; el otrora jefe de administración y finanzas de la Intendencia Regional, Jhonny Muñoz; Ximena Ciudad, Juan Ayala, Lorena Barrientos y Luis Cepeda, entre los primeros imputados del caso.
En este primer grupo no ha sido formalizada la Senadora Luz Ebensperger, una de las peticiones de la acusación del exdiputado y exconvencional por Tarapacá, Hugo Gutiérrez, quien interpuso una ampliación de querella imputando a más personas en el caso.
Con esta ampliación que interpuso Gutiérrez se incorporaron funcionarios involucrados en la segunda entrega de cajas, proceso que fue financiado por el Gobierno Regional (GORE) de Tarapacá.
Se logró acusar a seis nuevas personas durante noviembre del 2023. Se trata de la exjefa de Division Social y Humano de la Intendencia y actual funcionaria de la Delegación Presidencial de Tarapacá, María Lemus Espinoza; los imputados Gabriel Díaz Duran, Marcelo Valenzuela Contreras, Gunther Ziller Arjona; la actual consejera regional Daniela Solari y su familiar directo Rodrigo Vega Laferte, quienes fueron formalizados por los delitos de fraude al fisco y organismos del Estado.
