Durante este lunes se realizó en Chile la inauguración de la Tercera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú COP3, instancia organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
La COP3 contó con la presencia del presidente Gabriel Boric junto a la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero; el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela; y el subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño.
En la instancia, el jefe de Estado insistió en que “defender el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente sano es una causa que nos debiera convocar a todos. De ello depende de que podamos disfrutar del resto de nuestros derechos”.
Boric también recalcó la importancia de la aprobación del Plan de Acción sobre Defensores Ambientales, acción impulsada por Chile junto a Ecuador y San Cristóbal y Nieves, que se discutirá en esta COP.
“Tenemos la convicción que este plan de acción nos va a permitir conocer mejor el rol de las y los defensores ambientales, sus derechos y realidades, para reconocer y valorar públicamente su valor”, señaló la autoridad.
Plan Nacional de Implementación Participativo del Acuerdo de Escazú
El pasado 15 de abril se aprobó en Chile el Plan Nacional de Implementación Participativo del Acuerdo de Escazú, el cual incluye 56 acciones generales y 236 medidas específicas que deben realizarse de aquí a 2030.
La ministra Rojas aseguró que este acuerdo “fue construido de manera colaborativa y coordinada entre instituciones estatales, sociedad civil, el sector privado y la academia. Es muy valioso y demuestra nuestro compromiso con el acuerdo, ya que, pese a ser Estado parte hace menos de dos años, somos el tercer país en la región en presentar un plan de implementación”.
Más de 1.700 personas participaron de la construcción de este plan, entre ellas, niñas, niños y adolescentes de Arica, Concón, Quintero, Puchuncaví y Punta Arenas.
Este plan propone mejoras en el acceso a la información para las personas, incluyendo a niñas, niños y adolescentes; la participación en etapas tempranas para la elaboración de políticas y regulación ambiental; la capacitación tanto de la sociedad civil como de los funcionarios sobre los derechos de acceso y herramientas ambientales, entre otros.
