En una conferencia conjunta, las subsecretarías de Transportes y Medio Ambiente, junto con la Dirección Nacional de Aduanas, informaron sobre la implementación de la resolución de la Contraloría General de la República respecto a la importación de vehículos usados de Zona Franca.
Según lo comunicado, los vehículos livianos y medianos inscritos por primera vez desde el 31 de marzo de 2023 solo podrán circular en el territorio nacional si cumplen con la normativa medioambiental vigente, como Euro 6b o EPA Tier 3 Certification bin 125. Aquellos que no estén aptos para cumplir con estos estándares solo podrán circular en territorios de zonas francas o zonas francas de extensión.
Se destacó la excepción del “pasavante”, emitido por la Dirección Nacional de Aduanas, que permite a residentes de zonas francas circular por el resto del país con su vehículo hasta 90 días en un año calendario. Este documento es personal e intransferible y el vehículo solo puede ser conducido por el propietario en el resto del territorio nacional, salvo en casos especiales.
El seremi de Medio Ambiente de la región de Tarapacá, Yerko Lima, enfatizó que estas medidas aseguran el cumplimiento de las normas de emisión para los vehículos que circulan en el país, lo que mejora la calidad del aire y la vida de las personas.
Por otro lado, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Pedro Medalla, señaló que la Contraloría General de la República ratificó que los vehículos que no cumplen con la normativa solo pueden ser usados en zonas francas de extensión y áreas geográficas designadas.
Respecto a la circular del Ministerio de Transportes que otorga un sello rojo a los automóviles usados importados que no cumplen con la norma medioambiental de emisiones Euro 6b, Medalla informó que se realizarán las correcciones necesarias para informar a las plantas de revisión técnica y municipios sobre el dictamen de la Contraloría.
El seremi de Transportes y Telecomunicaciones añadió que están facultados para definir normas complementarias y ajustar la instrucción para garantizar el cumplimiento de las normas y sus restricciones asociadas.
