La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública con el objeto de mejorar el control institucional de las policías. La iniciativa obtuvo 116 votos a favor, 22 en contra y cuatro abstenciones, por lo que el proceso legislativo continuará en el Senado.
“Es un hecho, Chile va a tener un Ministerio de Seguridad. No está terminada esta tramitación, hay temas que resolver, pero son temas que, en el tercer trámite, se encontrará una manera de sacar adelante”, dijo la ministra del Interior, Carolina Tohá.
Para crear esta nueva cartera de Seguridad Pública se desprenderán áreas desde el actual Ministerio del Interior y se le entregan competencias y capacidades para evaluar la gestión financiera, administrativa, operativa y educacional de las policías. La idea es orientar su accionar hacia la protección de las personas.
Además, el nuevo ministerio tendrá como función velar por el desarrollo local y regional del país. Asimismo, se establece el nuevo rol de la Subsecretaría del Interior.
En cuanto a las modificaciones propuestas en materia de gobierno regional, y que también fueron respaldadas, el Ejecutivo explicó que se establece el deber del delegado presidencial de informar semestralmente al Ministerio sobre el estado de los servicios públicos regionales.
Por otro lado, se establece la facultad de este de ejercer la coordinación frente a, por ejemplo, situaciones de conflicto social, entre otros.
De este modo, y en caso de seguir avanzando en las siguientes instancias legislativas, Seguridad Pública se convertirá en una nueva cartera y se integrará a los 25 ministerios en el gabinete del presidente Gabriel Boric.
Así, la nueva cartera estará a cargo del resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública y el orden público, la prevención del delito y la protección de las personas en materias de seguridad. De ella dependerán Carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile.
Entre las funciones del Ministerio de Seguridad Pública estará:
- Velar por el resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública, el orden público y la prevención del delitos.
- Elaborar una estrategia nacional contra el terrorismo que aborde el fenómeno delictual integralmente.
- Formular, diseñar y evaluar las políticas y estrategias nacionales tendientes a prevenir y combatir el crimen organizado nacional y transnacional, el narcotráfico y los actos terroristas.
- Diseñar políticas, planes y programas tendientes a resguardar las fronteras.
Política Nacional de Seguridad Pública
Cada seis años el presidente de la República aprobará la Política Nacional de Seguridad Pública, instrumento que determinará las orientaciones, directrices y objetivos estratégicos del Estado en estas materias.
Al ministro o ministra de Seguridad Pública, además, le corresponderá asesorar al Presidente de la República en la conformación de los Altos Mandos de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, así como en los ascensos y retiros.
Asimismo, aprobar los planes estratégicos de desarrollo policial y los planes anuales de gestión operativa y administrativa, y velar por el cumplimiento, por parte de dichas fuerzas, de las normas de probidad, transparencia, publicidad y rendición de cuentas a la ciudadanía.
Se estima que en régimen, el Ministerio de Seguridad Pública implicará un mayor gasto fiscal de 7 mil 420 millones de pesos.
El proyecto también regula las funciones que tendrá el actual Ministerio del Interior, una vez creada la nueva institucionalidad.
En específico, el actual ministerio tendrá a cargo los asuntos relativos al gobierno político y local del territorio, el desarrollo regional y local, la administración de los complejos fronterizos, la migración y extranjería, la coordinación en materia de prevención y respuesta frente a conflictos sociales, emergencias, desastres, catástrofes y reconstrucción y la aplicación de la normativa asociada a bienes de propiedad municipal, entre otras funciones.
A su vez, velará por la correcta ejecución de las leyes electorales y será su función proponer normas sobre la división política administrativa del país.
Normas rechazadas
Durante las votaciones, la Sala rechazó la organización interna del Ministerio de Seguridad, a través de dos subsecretarías y, en específico las secretarías regionales ministeriales y sus diversas funciones.
Además, respecto al rol del Ministerio del Interior, el Ejecutivo renovó vía indicación la norma que establecía que este debía coordinar la labor política de los ministros y ministras, así como de las subsecretarías y secretarías regionales ministeriales, en la gestión del gobierno.
Igualmente, la que señalaba que al ministro o ministra, en su calidad de jefe o jefa del Gabinete Ministerial del Presidente o Presidenta de la República, será quien realice la coordinación política de los ministros de Estado.
Estas normas no alcanzaron el voto favorable de 78 diputadas y diputados requeridos, por tratarse de normas de rango orgánico constitucional.
Tampoco logró ser ratificado el artículo que disponía que el gobierno interior de cada región reside en el delegado presidencial regional, ni las normas relacionadas con algunas de sus atribuciones.
