La Comisión de Educación de la Cámara Baja aprobó un proyecto de ley que regula el uso de dispositivos digitales en establecimientos educacionales, con el objetivo de controlar el ingreso y uso de celulares y otros equipos móviles durante la jornada de estudio en los niveles de educación prebásica, básica y media.
El proyecto modifica la Ley 20.370, General de Educación, y establece que los reglamentos de los establecimientos educacionales deben incluir medidas específicas para el uso adecuado de dispositivos digitales y estipular las consecuencias de su incumplimiento.
La presidenta de la Comisión de Educación, Emilia Schneider, destacó que se avanza en una prohibición general con excepciones, regulando el uso de dispositivos móviles en aulas, escuelas y liceos del país.
Por su parte, Marcia Raphael (RN) señaló que la votación se alejó del espíritu original del proyecto, que era prohibir expresamente el uso de celulares por parte de los estudiantes. Raphael añadió que, aunque reconocen la importancia de la tecnología en la formación de niños y jóvenes, buscan que los estudiantes puedan concentrarse en clases y anunció que presentarán indicaciones en la Sala.
Las nuevas reglas establecen que los dispositivos no podrán ser utilizados, salvo en ciertas excepciones: actividades curriculares o extracurriculares que requieran el uso de equipos digitales, necesidades educativas especiales donde el uso de dispositivos se considere una ayuda técnica para el aprendizaje, situaciones de emergencia, desastre o catástrofe, y condiciones de salud prescritas por un médico que requieran monitoreos periódicos con dispositivos digitales.
Esta iniciativa busca crear un ambiente de aprendizaje más adecuado, limitando las distracciones causadas por los dispositivos móviles y garantizando que su uso esté justificado y controlado.
Además, para la enseñanza media, los establecimientos educacionales deberán crear instancias de participación formativa para toda la comunidad educativa, con el objetivo de fomentar el correcto uso de dispositivos y la prevención de delitos tecnológicos cometidos por y contra los estudiantes.
Finalmente, se establece que los reglamentos deben ser dictados por los establecimientos educativos en un plazo máximo de seis meses, excluyendo los recesos escolares.
