La Comisión Especial Investigadora que analizó el papel de la autoridad respecto de los actos y declaraciones realizadas por los imputados en el denominado mayor fraude tributario de la historia de Chile, finalizó su trabajo.
Esto corresponde a un operativo donde se detuvo a más de cincuenta personas. Los montos implicados superan los $240 mil millones. Asimismo, los ilícitos fueron cometidos desde el año 2016 a enero del 2024.
Los involucrados elaboraron más de 100 mil facturas ideológicamente falsas que involucran a más de 300 contribuyentes y al menos a siete clanes criminales. Para ello, se habrían creado más de 100 empresas “fantasmas” por parte de estas organizaciones, que operaban en al menos 10 regiones del país.
De ahí la preocupación de las y los diputados por conformar la instancia para indagar respecto del funcionamiento de distintos servicios públicos y esclarecer si hubo funcionarios involucrados, se actuó con probidad, transparencia y pericia. En definitiva, conocer los motivos por los cuales se llegó a cometer el mayor fraude tributario de la historia, durante ocho años.
Cambios en el Ministerio Público
En líneas generales, la comisión respaldó la propuesta que presentó su presidenta, la diputada Camila Musante (IND). Esta consigna que deben abordarse las deficiencias que tienen las investigaciones de delitos tributarios
El texto indica que es un problema que sólo el Servicio de Impuestos Internos (SII) tenga la facultad exclusiva de ejercer acciones judiciales. Aquello deja al Ministerio Público sin la capacidad de investigar o actuar antes casos relevantes en el que existe participación del crimen organizado.
En ese contexto, el informe plantea que es fundamental otorgar al Ministerio Público la facultad de iniciar investigaciones penales en materia tributaria, incluso sin una querella del SII.
En ese sentido, el informe agrega que es clave el intercambio de información con otras naciones y considera importante manejar datos para identificar redes de fraude complejas y de carácter internacional.
El documento plantea que este caso debe ser una lección y oportunidad, considerando que dejó al descubierto una serie de vulnerabilidades del sistema tributario que deben ser subsanadas.
Por ello, agrega, se deben ejecutar reformas para avanzar en mecanismos de prevención. En esa línea, propone la creación de un sistema de alertas tempranas, tanto para los funcionarios del SII como para otras entidades fiscalizadoras. Este sistema debería estar basado en indicadores de riesgo específicos y ser capaz de generar reportes automáticos que faciliten la intervención oportuna.
Teniendo en cuenta aquello es clave el avance del sistema de inteligencia económica para así mejorar las capacidades del Estado en materia de fraudes tributarios.
