La Cámara de Diputados despachó a ley el proyecto que permite un manejo fiscal responsable, moderno, adecuado a los nuevos escenarios políticos y sociales a través de la aplicación de nuevas herramientas.
La iniciativa se despachó desde la Corporación en diciembre de 2021 y desde entonces, el Senado lo abordó, introduciendo diversas modificaciones, varias de ellas agregando nuevo articulado, pero manteniendo sus lineamientos generales, permitiendo su paso al Ejecutivo para su promulgación como ley.
En general, la idea es robustecer la institucionalidad de las finanzas públicas, mejorando su calidad, diseño, credibilidad y transparencia. Se espera que el nuevo marco institucional pueda enfrentar y recuperar la estabilidad y capacidad de ahorro del país, considerando la expansión en el gasto fiscal de los últimos años como consecuencia de la pandemia.
Los objetivos específicos del proyecto son complementar la regla de balance estructural (BE) con metas de deuda pública. De esta manera se conserva el foco en un objetivo de BE, pero con justificación explícita de sostenibilidad fiscal.
También busca formalizar y regular un procedimiento para los casos en que sea necesario desviarse de las metas de política fiscal. La iniciativa establece la publicación de estimaciones a mediano plazo, la evaluación de las metas de política fiscal y elevar a rango legal la obligación de elaborar los informes financieros de proyectos de ley e indicaciones.
Nuevas reglas en responsabilidad fiscal
El texto despachado permite al Presidente de la República establecer las bases de la política fiscal que se aplicará durante su administración. Para ello se definen plazos, formalidades y exigencias específicas, como pronunciarse sobre los efectos que tendrá sobre el Balance Estructural. También un “ancla de deuda” de mediano plazo, medido a través de la deuda bruta del Gobierno Central Total como porcentaje del PIB.
En general, este proyecto perfecciona la regla de Balance Estructural introduciendo una regla dual, un ancla de deuda de mediano plazo, y Cláusulas de Escape cuando ocurran eventos extraordinarios y transitorios estableciendo normas para el retorno al balance.
En la ocasión, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, subrayó que tras 23 años de vigencia de la Regla Fiscal este articulado incorpora mejoramientos y recomendaciones de observadores externos, de estudios y especialistas en esta materia.
“Hay que tener claro que una regla fiscal no resuelve todas las cosas, no reemplaza las decisiones políticas que hay que tomar y por lo tanto cuando uno construye institucionalidad fiscal tiene que ser capaz de combinar, por un lado, la responsabilidad política de los gobiernos -que son los responsables de formular la política fiscal- y, por otro, una normativa que enmarque esas decisiones, y aporte la transparencia y los mecanismos de rendición de cuentas necesarios para que esa responsabilidad del Ejecutivo sea visible”, manifestó el secretario de Estado.
Por su parte, la directora de Presupuestos, Javiera Martínez Fariña, celebró que se aprobase con amplio apoyo porque “esta ley sin duda robustecerá la institucionalidad fiscal de nuestro país, que ya cuenta con un nivel destacado dentro de experiencia internacional en cuanto a institucionalidad macro-fiscal”.
“Es muy relevante el avance de esta ley por la definición a nivel legal de la regla dual, complementando así la regla de balance estructural con un ancla de deuda bruta del Gobierno Central”, agregó.
Este proyecto fue ingresado al Congreso en septiembre de 2021. A lo largo de su tramitación entre 2023 y 2024, el Ejecutivo presentó dos paquetes de indicaciones, que consideraron ideas planteadas en reuniones de trabajo entre asesores parlamentarios, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y equipos del Ministerio de Hacienda y Dipres.
