El Centro de Investigación Periodística (CIPER) reveló que el Gobierno contrató a dos asesores que trabajan para empresas eléctricas para definir la fórmula de cobro que recientemente produjo el incremento en las cuentas de la luz. El costo de estos servicios fue de $26 millones.
Según un reportaje del medio citado, el ministro de Energía, Diego Pardow, se reunió en secreto con la Comisión de Minería del Senado para negociar el mecanismo de actualización de tarifas, considerando que desde 2019 las tarifas estaban congeladas y se generó una acumulación de la deuda por lo que se requería una solución para equilibrar los intereses de las empresas y los usuarios.
En este contexto, los asesores Ramón Galaz y Andrés Romero, de la consultora Valgesta, tuvieron la tarea de diseñar la fórmula de cobro, pese a que trabajaron para numerosas empresas del sector eléctrico.
Ambos fueron contratados para elaborar una propuesta que permitiera un aumento progresivo en las tarifas de electricidad. Según un asistente a las reuniones, fue el ministro Pardow quien propuso su contratación debido a su capacidad técnica para resolver el problema tarifario. Así las cosas, en octubre pasado se realizaron las sesiones de trabajo, donde se establecieron las bases para la nueva fórmula de cobro.
En tanto, el medio citado logró acceder al informe final de la consultora Valgesta que muestra la propuesta de un cargo extra en las cuentas para saldar la deuda con las eléctricas, denominado MPC, esta última fue aprobada por el Congreso Nacional el 30 de abril, incluyendo un subsidio transitorio para los usuarios vulnerables.
En tanto, el Ministerio de Energía defendió la contratación de la consultora Valgesta y destacó que sus propuestas cumplieron con las expectativas técnicas. Además, el presidente de Conadecus, Hernán Calderón, aclaró que no participó en las reuniones, aunque lograron incluir un subsidio para los consumidores tras reuniones con el ministro.
Ciper consultó a la cartera liderada por Diego Pardow sobre esta situación y señalaron que “el informe contratado no fue usado en su totalidad. Por ejemplo, algunos de los elementos de la propuesta de Valgesta que fueron recogidos son la extensión del plazo de pago de la deuda, desde 2032 a 2035, y la existencia de un mecanismo de ajuste del cargo MPC (cargo para el pago de la deuda) por variaciones significativas del tipo de cambio”.
A partir de esta situación que generó en la última semana el mecanismo para saldar la deuda con las empresas eléctricas, el medio citado preguntó al ministerio si volvería a contratar consultores que habitualmente prestan servicios a las compañías del rubro para elaborar una propuesta de política pública con alto impacto en los consumidores.
Al respecto, el Ministerio de Energía indicó que “al igual que varias reparticiones, contrata servicios de asesorías técnicas para la elaboración de las políticas públicas. En ese sentido, tanto el trabajo de Valgesta, como del ingeniero Humberto Verdejo, para la elaboración de la Ley de Estabilización cumplió con las expectativas técnicas que requiere una iniciativa de este tipo”.
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