En el Juzgado de Garantía de Iquique fueron formalizados cuatro funcionarios del Ejército por el delito de apremios ilegítimos en contra de un joven de 24 años en el sector centro de la ciudad de Iquique. Los hechos ocurrieron en 2020 cuando regía el Estado de Catástrofe por covid-19.
En la audiencia realizada este jueves, el tribunal acogió las medidas cautelares de arraigo nacional, prohibición de acercarse a la víctima y prohibición de comunicarse con la víctima para los cabos de iniciales J.V.V., S.M.M., D.U.C., y L.Z.P. Además, se fijo un plazo de investigación de 60 días.
El fiscal adjunto de Iquique, Julio Sánchez, informó que los hechos ocurrieron el 18 de septiembre de 2020, cerca de las 21:50 horas, en circunstancias que se encontraba vigente el toque de queda por covid-19.
La víctima C.E.T. transitaba en su bicicleta por las calles José Miguel Carrera con Arturo Prat de la ciudad de Iquique, cuando se encontró con el personal del Ejército que realizaba labores de control preventivo y lanzó “un improperio” a los militares, provocando una reacción “desproporcionada en los funcionarios del Ejército”.
Según el persecutor, los uniformados persiguieron a la víctima “hasta su domicilio y antes de ingresar al inmueble, lo tomaron fuertemente, lo agredieron, y posteriormente lo entregaron a Carabineros, luego de haber realizado una serie de acciones agresivas, más allá de lo que es una detención que se podría entender en un marco normal de funcionamiento legal”.
“La víctima tiene lesiones en su ojo derecho, y es lo que tiene relación con lesiones de carácter menos grave, que en un momento pudieron haber sido bastante más graves, pero con tratamiento fueron, lógicamente, avainando esto, agregó el fiscal.
La directora del INDH, Lorena De Ferrari, dijo que lo importante de la formalización “es que de aquí en adelante se ingresa a una investigación ya formalizada, y por tanto produce distintos efectos con respecto tanto a los imputados como a la víctima, y también a la parte querellante”.
De Ferrari enfatizó que han pasado cuatro años desde los hechos y faltaba un año para la prescripción del caso, por tanto, ya formalizada la causa, se evita la prescripción y hay “confianza en llegar a un juicio oral”.
Respecto al uso del protocolo de Estambul, la directora del INDH explicó que la relevancia de este manual para la investigación “es que permite verificar si existieron lesiones o si son consistentes con el relato de la víctima, más allá del momento, de cómo está la víctima en ese momento, que es la diferencia con la constatación de lesiones”.
“La contratación de lesiones es del momento, el protocolo de Estambul no importa el tiempo que haya pasado, de igual forma puede resultar consistente con el relato de las víctimas, porque es una pericia que es mucho más detallada y con mayor especialización. Esta pericia, de hecho, se ha utilizado mucho en las causas de violación del derecho humano durante la dictadura, a pesar del tiempo transcurrido”, añadió De Ferrari.
Por su parte, la defensora Penal Pública, Nicole Acuna, informó que se solicitaron medidas cautelares de “baja intensidad” como arraigo nacional y prohibición de acercamiento para los imputados, siendo aceptadas por el tribunal local.
“Las medidas cautelares no fueron discutidas por parte de la defensa, sin perjuicio de que nosotros mantenemos una teoría alternativa de caso sobre la inexistencia de este delito y que mi defendido no tuvo participación alguna en un delito de apremios ilegítimos”, comentó.
