La Contraloría General de la República detectó irregularidades en el control de armas que debe ejercer la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN). La auditoría fue realizada entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023
Entre las observaciones levantadas destaca que de la revisión de armas inscritas en el sistema y de las validaciones efectuadas con la Superintendencia de Salud, siete personas extendieron sus certificados de aptitud física o psíquica a civiles para la tenencia y uso de armas de fuego, sin contar con el título médico, contraviniendo a la Ley de Control de Armas.
También se detectó que 61 médicos que no registraban la especialidad de psiquiatría emitieron certificados para trámites de inscripción de armas a 1.281 personas. De hecho, uno de estos profesionales extendió 502 certificados.
En el mismo contexto, se identificaron 11 certificados supuestamente emitidos por cuatro profesionales que, a la fecha, se encontraban fallecidos. Además, se encontraron 30 trámites entre 2014 y 2023 que se encuentran asociados a médicos no identificables.
Asimismo, se constató que cinco menores de edad que no cumplían con las condiciones legales, al momento de efectuar los trámites señalados, los que se encuentran asociados a un total de 5 trámites. Paralelamente, se identificaron un total de 25 RUN de menores de edad, los cuales presentan fechas de nacimiento no consistentes en la base datos revisada, ya que al contrastarlos con los datos de fecha de nacimiento recibidos por parte del SRCeI, estos figuran como personas mayores de edad al momento de efectuar el trámite.
Lo expuesto implica que la DGMN no efectuó labores de control idóneas ni ejerció medidas efectivas para verificar la autenticidad o validez de la documentación que presentan los usuarios al momento de inscribir un arma.
Por esta razón, la Contraloría instruyó a la DGMN adoptar medidas de control pertinentes para regularizar las situaciones expuestas y deberá dar cuenta a la CGR sobre las acciones realizadas para los 1.281 casos que obtuvieron sus armas sin la aprobación de un médico psiquiatra.
Registro de condenas
La auditoría también determinó que hubo trámites efectuados ante la DGMN para la inscripción de armas por parte de personas condenadas, según la información contenida en el Registro de Condenas del Registro Civil. Así, se constataron 30 casos que no fueron deshabilitados para efectuar trámites dentro del sistema.
Incluso, de las personas que se encuentran en el Registro de Condenas, 725 de ellos registraban sentencias por delitos con pena aflictiva y mantenían armas vigentes. Al respecto, la CGR dio plazo de 60 días al servicio para regularizar esta situación.
