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Cámara rechaza proyecto para aumentar penas y permitir libertad condicional a mayores de 75 años con enfermedades terminales

El proyecto, que buscaba endurecer las penas para delitos graves y permitir la libertad condicional a condenados mayores de 75 años con enfermedades terminales, fue rechazado por la Cámara de Diputados tras un intenso debate, con 63 votos a favor, 64 en contra y 10 abstenciones.

Por 63 votos a favor, 64 en contra y 10 abstenciones, la Sala de la Cámara rechazó el proyecto que aumentaba las sanciones penales para crímenes que atentan contra la vida de las personas. Tras un extenso debate en tres sesiones, la iniciativa no alcanzó los votos necesarios y fue archivada, sin posibilidad de ser tramitada nuevamente en el próximo año.

El proyecto proponía el presidio perpetuo efectivo y la inhabilitación para recibir beneficios estatales. Además, incluía una modificación al Código Penal para aumentar el plazo de acceso a la libertad condicional a 50 años. Una indicación aprobada en comisión permitía la libertad condicional a condenados mayores de 75 años con enfermedades terminales o inhabilitantes.

También, el proyecto aumentaba las penas para adolescentes y endurecía las sanciones para delitos como secuestro con homicidio, tortura con homicidio, y homicidio de fiscales y defensores públicos. Para el femicidio, establecía presidio perpetuo efectivo y perpetuo calificado dependiendo de las circunstancias.

El proyecto incluía modificaciones al Código de Justicia Militar y decretos de la Policía de Investigaciones y Gendarmería, además de limitar penas sustitutivas para delitos graves.

Los opositores argumentaron que no hay evidencia de que aumentar las penas sea disuasivo y criticaron la falta de enfoque en la rehabilitación. Además, señalaron que las medidas deben mejorar la persecución criminal, especialmente en crímenes organizados y narcotráfico. Se expresó preocupación sobre la posibilidad de que la medida permitiera impunidad a criminales de lesa humanidad.

El ministro de Justicia, Luis Cordero, criticó el proyecto por generar desproporciones entre delitos y alertó sobre la crisis penitenciaria con 57 mil personas privadas de libertad para 42 mil plazas.

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