La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, encargada de examinar las fallas en el sistema de inteligencia y seguridad del Estado tras el secuestro y asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda, concluyó que agentes o personas vinculados al régimen de Nicolás Maduro participaron en el crimen.
El presidente de la comisión, Miguel Ángel Becker (RN), declaró que “queda absolutamente claro que en el secuestro, tortura y asesinato del teniente Ronald Ojeda hubo participación de agentes externos, vinculados al gobierno de Maduro”. Becker añadió que este hecho resalta la ideología de migración desordenada que, según él, afecta al actual Gobierno.
La comisión aprobó un informe de 20 páginas con cinco votos a favor y dos en contra. Los votos en contra fueron de los diputados Matías Ramírez (PC) y Felix González (Ecologista Verde), mientras que Becker (RN), José Carlos Meza (Republicano), Francesca Muñoz (PSC), Joanna Pérez (Demócrata) y Leónidas Romero (RN) votaron a favor. Ahora, el informe será revisado por la Sala de la Cámara.
En detalle, el informe destaca la necesidad de fortalecer los Acuerdos de Cooperación Internacional, argumentando que deben ser más que simples declaraciones de buenas intenciones.
También se crítica al subsecretario del Interior por firmar un acuerdo de cooperación policial con un régimen autoritario, sugiriendo que esta decisión refleja una confusión en el enfoque del Gobierno para combatir el crimen organizado.
La comisión cuestionó la gestión del Servicio Nacional de Migraciones y su relación con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señalando que la dirección actual del servicio es un obstáculo para resolver la crisis migratoria y de seguridad.
Además, el informe critica el manejo de la protección de refugiados en Chile, destacando que el país ha fallado en ofrecer refugio seguro a quienes huyen de la opresión. Según la comisión, el uso del refugio como un mecanismo para facilitar el acceso de migrantes por motivos laborales, en lugar de por persecución política, es un problema que debe abordarse.
A su vez, el informe sugiere que estos temas deben ser considerados por las autoridades para mejorar la seguridad y la política migratoria en Chile, especialmente en lo que respecta a sus relaciones internacionales y cooperación regional.
