En un nuevo proceso de fiscalización a 16 gobiernos regionales, el Consejo para la Transparencia (CPLT) ordenó el inicio de una investigación sumaria a cuatro gobernaciones, incluida Tarapacá, por el incumplimiento de normas que garanticen el acceso permanente a la información por Transparencia Activa.
La fiscalización se realizó entre abril y mayo de 2024, y consideró una estrategia de triangulación metodológica, revisiones en los sitios de Transparencia Activa, explotación de datos y registros disponibles en el Portal de Transparencia del Estado y análisis de información requerida a los gobiernos regionales.
En el “Reporte Global de Resultados de Fiscalización” se detalla que hay un promedio nacional de 76,6% de cumplimiento de normas de Transparencia Activa. La cifra se debe principalmente por el bajo porcentaje de cumplimiento de las gobernaciones de Tarapacá, Arica-Parinacota, Antofagasta, Atacama y O’Higgins.
En el caso del Gobierno Regional (GORE) de Tarapacá, el informe del CPLT indica que el organismo liderado por el gobernador José Miguel Carvajal registró un 66,4% de cumplimiento de normas sobre Transparencia Activa, siendo una de las cinco más bajas del país y por debajo del promedio nacional (76,6%).
Respecto a la consistencia de la información disponible en Transparencia Activa, se detectó información incompleta, ya que el GORE informó al CPLT más convenios de los que tenían publicados.
“A nivel de los actos y resoluciones con efectos sobre terceros, se detectó información incompleta, por cuanto cuatro gobiernos regionales informaron a este Consejo más convenios de los que tenían publicados en el apartado correspondiente (Ñuble, La Araucanía, Biobío y Tarapacá)”, se menciona en el documento.
En el reporte se precisa que el Consejo para la Transparencia ha fiscalizado el cumplimiento de las normas sobre Transparencia Activa en los gobiernos regionales desde el año 2010 a la fecha.
Al revisar las fiscalizaciones al GORE de Tarapacá entre 2010 y 2018, se muestra que en dicho periodo la gobernación alcanzó un promedio interanual de 85,52%, siendo la fiscalización del año 2015 la que mostró el cumplimiento más alto, con un 100% de desempeño.
Materias de requerimiento de información
Según el reporte del CPLT, las materias con menor cumplimiento del GORE de Tarapacá son “compras de bienes muebles o servicios” con 0%, presupuesto asignado (0%) y actas y resoluciones con efectos sobre terceros (25%).
Por otro lado, hay un cumplimiento de la gobernación regional con las obligaciones en materias de “otras transferencias” y “contratos vía orden de compra”, ambas con un 100%.
Situación según ítem fiscalizado
Si se analizan los resultados de la fiscalización en forma separada según el ítem fiscalizado, se puede advertir una disímil situación de cumplimiento en el Gobierno Regional de Tarapacá.
De acuerdo al reporte del CPLT, la información sobre estructura orgánica de transparencia, contrataciones no sometidas al Sistema de Compras Públicas, mecanismos de participación ciudadana en ejecución y presupuesto asignado aparecen como “no disponible”.
Respecto a materias referidas a información del personal a contrata, personal sujeto al Código del Trabajo y transferencias reguladas por la Ley 19.862, estas se encuentran en el reporte como “información desactualizada”.
Por otro lado, no se detectaron infracciones en información sobre actos y documentos publicados en el Diario Oficial, Marco Normativo, Organigrama, personal de planta, personas naturales contratadas a honorarios, información sobre escalas de remuneraciones y adquisiciones o contrataciones sometidas al Sistema de Compras Públicas, entre otras materias.
Investigaciones sumarias
Tras realizar el proceso de fiscalización en materia de Transparencia Activa, el organismo instruyó iniciar investigaciones sumarias, a fin de que se establezcan las responsabilidades y se apliquen las sanciones que correspondan.
Las investigaciones sumarias mandatadas por el CPLT se iniciarán respecto de las gobernaciones regionales de Tarapacá, Atacama, O’Higgins, Arica-Parinacota y Antofagasta.
Sobre estas fiscalizaciones y el cumplimiento de lo mandatado por el CPLT, el gobernador Carvajal dijo al diario El Mercurio que “este tema ya fue abordado y está resuelto”, por lo que se ha “cumplido con los estándares exigidos”. Además, el inicio del sumario se habría acordado el pasado 23 de julio.
Transparencia Activa
Cabe recordar que es la obligación de los órganos del Estado de publicar en sus páginas web información útil, oportuna y relevante, de manera permanente sin mediar requerimiento alguno por parte de la ciudadanía (Art 7°, Ley N°20.285).
Esta información debe actualizarse mensualmente y la ciudadanía tiene el derecho de reclamar ante el Consejo para la Transparencia frente a la ausencia de información o si ésta no se encuentra actualizada.
