La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de “Ley Socavones” que establece obligaciones y requisitos para la construcción de edificaciones en suelo colapsable y declara de utilidad pública la protección de la población y de las familias en los casos de viviendas irreparables o inhabitables por efecto de socavones.
En la tarde de lunes, la iniciativa fue despachada a la Sala del Senado por 52 votos a favor, 28 en contra y 19 abstenciones.
Los parlamentarios votaron las modificaciones hechas al texto en su segundo informe, luego de que este fuera devuelto a la Comisión de Vivienda, tras su aprobación en general, el 10 de junio pasado.
También se respaldó que en situaciones de colapso que obliguen a los habitantes a dejar sus viviendas, el plazo para la reubicación de las familias no podrá exceder de seis meses, contado desde que se haga efectiva el abandono de la propiedad. Sin embargo, se rechazó la modificación que señalaba que los terrenos correspondientes a dunas o humedales, se considerarían como no edificables.
Otros antecedentes
El texto también declara de utilidad pública la protección de la población y de las familias en los casos de viviendas irreparables o inhabitables por efecto de socavones.
La propuesta busca regular la construcción en suelos que pueden colapsar o perder su capacidad de soporte. El objetivo es evitar afectaciones a la vida e integridad física de las personas o daño o perjuicio a sus bienes o a los bienes del Estado.
Se entenderá como tal aquellos que reducen significativamente su capacidad de soporte de construcciones; aquellos suelos inestables en su consideración geotécnica o aquellos cuya rigidez se encuentra degradada; sin perjuicio que el origen de esta condición sea por subsidencia, expansión u otro fenómeno natural o antrópico.
Asimismo, el proyecto señala que la condición de suelo que puede colapsar será determinada por el profesional que elabora y suscribe el estudio de mecánica de suelo del respectivo proyecto de construcción o infraestructura. Lo anterior, conforme a las normas técnicas chilenas que le sean aplicables o extranjeras, si corresponde.
Discusión del proyecto
En la discusión del proyecto, la diputada por Tarapacá, Danisa Astudillo (PS), rindió el informe de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, el cual recomendó aprobar el proyecto con modificaciones que incluyen la consideración de terrenos como no edificables, plazos para reubicación de familias vulnerables, entre otros.
También informó que se rechazaron las indicaciones que proponían eliminar obligaciones de propietarios, regular uso del agua por ordenanza general y facultar municipalidades para declarar suelos colapsables, entre otras medidas.
En la instancia, el diputado Matías Ramírez (PC) indicó que este proyecto de ley se enfoca en la problemática de los socavones por suelo salino en la comuna de Alto Hospicio y otras regiones de Chile.
El parlamentario destacó que en la iniciativa se propone que la empresa Aguas del Altiplano sea responsable de los daños producidos por socavones, así como la implementación de medidas para prevenir y reparar estos fenómenos. También resaltó que se contempla la expropiación de zonas afectadas y un proceso especial de regularización de viviendas para garantizar viviendas seguras y dignas.
“Uno de los puntos centrales de la ley de socavones es asegurar que la empresa sanitaria Aguas del Altiplano sea responsable de los daños que se producen precisamente por un socavón. Increíblemente, hasta ahora, esta empresa no tiene la obligación de hacerse cargo de estos daños. Esto evidentemente debe cambiar. La empresa también deberá diseñar y presentar anualmente un programa de mantención y reposición de las redes de agua potable y alcantarillado para prevenir la formación de socavones. En casos de que ocurra precisamente un socavón, tendrá un plazo de 5 días para presentar un plan de intervención y reparación”, agregó.
Por su parte, el diputado de la bancada Republicana, Renzo Trisotti (ExUDI), criticó la falta de apoyo del Ejecutivo en aspectos claves del proyecto como el financiamiento y las funciones.
“Estamos hablando claramente de la ley de socavones, que si bien como planteaba ya la aprobamos en general, volvió a esta sala para poder asegurar su viabilidad práctica, pero lamentablemente no tuvimos el patrocinio del Ejecutivo en normas que resultan claves y esenciales para su aplicación real”, añadió.
Trisotti enfatizó que “este proyecto al final fue mutilado porque sin recursos, sin financiamiento y patrocinio del Ejecutivo en las nuevas funciones establecidas no va a producir el efecto que queremos y por el cual trabajamos con una visión regional”.
