El Juzgado de Garantía amplió en 50 días más el plazo de investigación contra los exfuncionarios de Carabineros de la Tercera Comisaría de Alto Hospicio, imputados por delitos de tortura, falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación.
Según los antecedentes de la Fiscalía de Alto Hospicio, los hechos ocurrieron en julio de 2023, cuando los entonces funcionarios policiales apagaron las cámaras de los calabozos, para golpear y rociar gas pimienta a un detenido, quien posteriormente hizo una denuncia, la que habría sido alterada en su contenido por orden del comisario de la unidad.
En el marco de la investigación de este caso, se mantiene al exfuncionario J.A.C.P. bajo arresto domiciliario total, al imputado I.A.A.E. con arresto domiciliario parcial, y a A.M.A.U., E.A.G.C. y R.M.B.T., bajo las medidas de firma mensual y arraigo nacional. La Fiscalía también formalizó a un sexto involucrado en el hecho. Se trata del imputado C.W.R.R, quien está con arraigo nacional y firma mensual.
En la audiencia realizada en la mañana de este miércoles, la abogada asistente de la Fiscalía de Alto Hospicio, Lieslie Salinas, pidió aumentar el plazo de investigación en 70 días por diligencias pendientes para la averiguación del hecho punible y sus responsables.
La persecutora indicó que la víctima se realizó una serie de exámenes sobre el uso de gas pimienta al cual fue expuesta en la agresión que deben ser analizados por el Servicio Médico Legal (SML) y luego ser presentados al tribunal competente.
Salinas también informó que se encuentra pendiente otra diligencia, respecto a la extracción de información de los teléfonos celulares de los imputados.
Los abogados querellantes del Consejo de Defensa del Estado (CDE), David Álvarez; del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Rodrigo Arancibia; y el abogado particular de la víctima, Leonardo Ramos, manifestaron su apoyo a la solicitud del Ministerio Público.
En tanto, el abogado Fernando Echeverría, defensa de la subteniente R.M.B.T., se opuso a la petición de la Fiscalía, señalando que los plazos están vencidos y que los 70 días solicitados son “desproporcionados”. El jurista pidió que el periodo de investigación sea de tan sólo 20 días.
Escuchada a las partes, la jueza titular del Juzgado de Alto Hospicio, Araceli Pérez, dio cuenta de la investigación, señalando que los imputados fueron formalizados en enero pasado, estableciéndose un plazo inicial de investigación de 70 días y luego un aumento plazo de 50 días que se encuentra vencido.
La magistrada accedió parcialmente a la petición de la Fiscalía y aumentó el plazo de investigación en 50 días, señalando que hay diligencias pendientes para ser analizadas e incluidas en la carpeta de investigación.
Se trata de la extracción de información de los teléfonos de los imputados y el análisis de los exámenes que realizó la víctima en el marco del “Protocolo de Estambul”, siendo esta última la diligencia justificable para acceder al aumento de plazo.
Excarabineros de Alto Hospicio imputados por tortura y falsificación de instrumento
Según la investigación que lleva a cabo la Fiscalía, el 19 de julio de 2023, fueron detenidas tres personas por el supuesto delito de violación de morada. Entre ellas se encuentra la víctima de iniciales R.A.V., junto a su pareja y un tercero.
En ese momento, el afectado se negó a firmar el acta de salud y acudir al consultorio para constatar lesiones, luego el exteniente coronel y jefe policial de la Tercera Comisaría de Alto Hospicio, J.A.C.P., le ordenó al cabo primero I.A.A.E. apagar las cámaras de vigilancia del sector del calabozo.
A la celda ingresaron los motoristas A.M.A.U. y E.A.G.C., quienes redujeron a la víctima, lo pusieron boca abajo, le doblaron los brazos para esposarlo y procedieron a golpearlo; en tanto, A.M.A.U. le roció gas pimienta. Golpiza que fue observada por la subteniente R.M.B.T., quien culpó al detenido por no haber podido terminar su jornada.
Tras la golpiza, los imputados A.M.A.U. y E.A.G.C. sacaron a la víctima del calabozo para trasladarlo a un consultorio. En el trayecto al carro policial, al no poder mantenerse de pie y caer de rodillas, los policías volvieron a golpear e insultar a la víctima.
En la audiencia de control de detención, se declaró la ilegalidad de la detención, además, la víctima concurrió al mismo centro médico donde se le diagnosticaron lesiones menos graves.
El 4 de agosto de 2023, el afectado llegó a la Tercera Comisaría de Alto Hospicio a presentar una denuncia por las agresiones del 19 de julio, sindicando al oficial de la unidad por su responsabilidad en la golpiza.
Al tomar conocimiento de la denuncia por parte del imputado A.M.A.U., el excomandante de la unidad policial J.A.C.P. ordenó retener el parte policial original y antes de enviarlo a la fiscalía, le ordenaron a R.M.B.T. que modificara su contenido, el que quedó redactado en términos generales y sin atribuir a nadie responsabilidad directa. Tras obligar a otra funcionaria a firmar el documento, fue remitido a la fiscalía de Alto Hospicio recién el 11 de agosto de 2023.
Asimismo, el 4 de agosto, cuando la víctima fue a realizar la denuncia, el cabo primero I.A.A.E. concurrió a la guardia de detenidos para solicitar accesos al dispositivo de grabación de las cámaras de vigilancia y, bajo la excusa de que el equipo estaba con problemas, sacó el Digital video recorder (DVR) o sistema de administración de señales de video y grabación para llevarlo a la oficina de la Sección de investigación Policial (SIP) con la supuesta intención de repararlo.
Una vez que se inició la investigación penal, el exteniente J.A.C.P. comenzó a coordinar las declaraciones de los demás implicados, a fin de desligar responsabilidades y cubrir su participación en los hechos. Además, entre diciembre de 2023 y enero de 2024, J.A.C.P. presionó a dos funcionarios que estuvieron en la guardia el día de los hechos, para que no relataran lo realmente sucedido, sino lo que él decía que debían declarar.
