El Juzgado de Garantía de Alto Hospicio citó a una audiencia de ampliación de plazo de investigación a los seis exfuncionarios de Carabineros de la Tercera Comisaría de Alto Hospicio, imputados por delitos de tortura, falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación.
La audiencia se llevará a cabo, a partir de las 8:30 horas de este miércoles 21 de agosto, ya que los 50 días establecidos para las diligencias de la Fiscalía vencieron en junio pasado.
El Ministerio Público a través de la fiscal adjunta de Alto Hospicio, Virginia Aravena, pidió la ampliación del plazo por “diligencias pendientes necesarias para la averiguación del hecho punible y sus responsables”.
“Que habiéndose formalizado investigación en esta causa y estando pronto a vencer el plazo judicial fijado para el cierre de la investigación, existiendo diligencias pendientes necesarias para la averiguación del hecho punible y sus responsables, y de conformidad a los artículos 234 y 247 del Código Procesal Penal, vengo en solicitar se sirva citar a una audiencia a fin de discutir la ampliación del plazo de cierre de la investigación”, se detalla en la solicitud.
Tras esta petición, el 27 de junio, el juez Guillermo Cofré decidió citar a los intervinientes a una audiencia para este miércoles en las dependencias del Juzgado de Letras de Familia, Garantía y del Trabajo de Alto Hospicio.
Para esta jornada también está contemplada una audiencia de apercibimiento o comunicación de cierre de investigación. La audiencia fue solicitada por el defensor penal público, Daniel Huerta, en representación de los exuniformados imputados.
Excarabineros de Alto Hospicio imputados por tortura y falsificación de instrumento
Según la investigación que lleva a cabo la Fiscalía, el 19 de julio de 2023, fueron detenidas tres personas por el supuesto delito de violación de morada. Entre ellas se encuentra la víctima de iniciales R.A.V., junto a su pareja y un tercero.
En ese momento, el afectado se negó a firmar el acta de salud y acudir al consultorio para constatar lesiones, luego el excoronel de Carabineros J.A.C.P. le ordenó al cabo primero I.A.A.E. apagar las cámaras de vigilancia del sector del calabozo.
A la celda ingresaron los motoristas A.M.A.U. y E.A.G.C., quienes redujeron a la víctima, lo pusieron boca abajo, le doblaron los brazos para esposarlo y procedieron a golpearlo; en tanto, A.M.A.U. le roció gas pimienta. Golpiza que fue observada por la subteniente R.M.B.T., la que culpaba al detenido por no haber podido terminar su jornada.
Tras la golpiza, los imputados A.M.A.U. y E.A.G.C. sacaron a la víctima del calabozo para trasladarlo a un consultorio. En el trayecto al carro policial, al no poner mantenerse de pie y caer de rodillas, los policías volvieron a golpear e insultar a la víctima.
En la audiencia de control de detención, se declaró la ilegalidad de la detención, la víctima concurrió al mismo centro médico donde se le diagnosticaron lesiones menos graves.
El 4 de agosto de 2023, la víctima volvió a la Tercera Comisaría de Alto Hospicio a estampar la denuncia por las agresiones del 19 de julio, sindicando al oficial de la unidad la responsabilidad de la golpiza.
Al tomar conocimiento de la denuncia por parte del imputado A.M.A.U., el excomandante de la unidad policial J.A.C.P. ordenó retener el parte policial original y antes de enviarlo a la fiscalía, le ordenaron a R.M.B.T. que modificara su contenido, el que quedó redactado en términos generales y sin atribuir a nadie responsabilidad directa. Tras obligar a otra funcionaria a firmar el documento, fue remitido a la fiscalía de Alto Hospicio recién el 11 de agosto de 2023.
Asimismo, el 4 de agosto, cuando la víctima fue a hacer la denuncia, el cabo primero I.A.A.E. concurrió a la guardia de detenidos para solicitar accesos al dispositivo de grabación de las cámaras de vigilancia y, bajo la excusa de que el equipo estaba con problemas, sacó el DVR para llevarlo a la oficina de la SIP con la supuesta intención de repararlo.
Una vez que se inició la investigación penal, J.A.C.P. comenzó a coordinar las declaraciones de los demás implicados, a fin de desligar responsabilidades y cubrir su participación en los hechos. Además, entre diciembre de 2023 y enero de 2024, J.A.C.P. presionó a dos funcionarios que estuvieron en la guardia el día de los hechos, para que no relataran lo realmente sucedido, sino lo que él decía que debían declarar.
