La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados inició el debate de la reforma constitucional que incorpora a los gobernadores regionales como sujetos pasivos de una acusación constitucional.
La propuesta añade en la Constitución a estas autoridades regionales como sujetos de acusación constitucional por infracción de la Constitución o las leyes y por los delitos de traición, sedición, malversación de fondos públicos y colusión.
La reforma también dispone que esta acción puede interponerse mientras el afectado esté en funciones o en los tres meses siguientes a la fecha en que dejó su cargo.
Los diputados que intervinieron a favor de la norma destacaron que la medida fortalece la democracia combatiendo la corrupción y el exceso de independencia de las autoridades regionales, por ejemplo, en el mal uso de recursos públicos.
Además, se defendió que este tipo de acusaciones no quitará autonomía a las regiones, tal como expuso el diputado Félix González.
“Entonces, este proyecto lo que hace es poner las cosas en orden y que pueda el Congreso hacer un control de los gobiernos regionales cuando los gobernadores o gobernadoras se salen de la ley”.
El diputados dijo que “esto no le quita autonomía a las regiones, así como tampoco le quita autonomía al poder judicial que podamos acusar constitucionalmente a los magistrados. No le quita autonomía a las regiones. Lo que hace es poder equilibrar los poderes”.
En el hemiciclo también hubo voces de inquietud por el riesgo de un mal uso de esta herramienta democrática, punto que abordó la diputada Marlene Pérez.
“Este proyecto que hoy discutimos plantea causales amplias y para mí justo poco claras por la acusación de los gobernadores regionales. En ese sentido podríamos estar frente a un riesgo democrático porque las mayorías circunstanciales podrían destituir a autoridades electas legítimamente”.
La parlamentaria enfatizó que “tenemos a un país completa y absolutamente polarizado y hemos visto en gobiernos anteriores cómo se han mal utilizado las acusaciones constitucionales”.
La discusión de este proyecto de reforma constitucional, que requiere de un quórum de cuatro séptimos para ser aprobada, se retomará en una próxima sesión, al quedar intervenciones parlamentarias pendientes.
