Esta mañana, el Presidente Gabriel Boric, acompañado por la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, firmó la promulgación de una nueva ley de seguridad destinada a fortalecer la lucha contra el crimen organizado en Chile.
Se trata de una iniciativa que, forma parte del Fast Track Legislativo acordado con el Congreso y diferentes fuerzas políticas para el 2023 y 2025.
“Lo que estamos haciendo es parte de nuestra tarea como Estado, promulgar una nueva ley en materia de seguridad para Chile”, expresó el Presidente Boric durante la ceremonia. Agregó que la reforma entrega “mejores herramientas para una persecución penal más eficiente, con especial énfasis en castigar y prevenir la reincidencia de delitos”.
La nueva ley introduce la ampliación de técnicas especiales de investigación, como la interceptación y grabación de comunicaciones de organizaciones delictuales. También se incorporan reglas para agilizar juicios orales complejos, con el fin de evitar dilaciones en la impartición de justicia.
El Presidente Boric también destacó la inclusión de un estatuto para la cooperación eficaz, que incentiva a los imputados a colaborar con la justicia. Además, se incorporan normas para mejorar la destrucción de drogas decomisadas, lo que contribuirá a una lucha más efectiva contra el narcotráfico.
Por su parte, el ministro de Justicia, Luis Cordero, calificó la reforma como histórica, afirmando que es una de las más significativas en el sistema penal chileno.
“Es una de las reformas más significativas, ve entre otras materias, la seguridad de los intervinientes, tanto de fiscales, jueces como defensores, pero además de eso, permite una persecución penal eficaz, tratando de reducir tiempos, especialmente en el caso de la tramitación de juicios, la incorporación de pruebas y, particularmente, la incorporación de prueba documental al mismo”.
La ley también modifica la Ley 20.000, que sanciona el tráfico de drogas, ampliando los destinatarios de recursos decomisados a Gendarmería de Chile y la Dirección General de Asuntos Marítimos, con el fin de fortalecer las instituciones que combaten este delito.
