La Cámara de Diputados apoyó la creación de una Fiscalía Supraterritorial del Ministerio Público para combatir el crimen organizado, así como aquellos delitos de alta complejidad que requieran una dirección supraterritorial o transnacional de investigación.
La propuesta, impulsada por el Ejecutivo, se presentó a través de los informes de las comisiones de Constitución y de Hacienda. Los rindieron los diputados Marcos Ilabaca (PS) y Alexis Sepúlveda (PR).
En lo principal, la iniciativa, derivada a segundo trámite, crea la nueva dependencia y un sistema de apoyo para la persecución penal de alta complejidad.
La Fiscalía Supraterritorial tendrá a su cargo las investigaciones penales de hechos que se hayan iniciado directamente por ella o por alguna fiscalía regional. Con todo, las contiendas de competencia las resolverá el fiscal nacional. Para ello deberá considerar, por ejemplo, la existencia de antecedentes que presuman la intervención de asociaciones delictivas o criminales. Además, que, por su naturaleza o complejidad, sea necesario una dirección supraterritorial de la investigación.
El fiscal nacional determinará, vía reglamento, las macrozonas en las que se organizará el trabajo de la Fiscalía Supraterritorial. Para su determinación podrá considerar las características comunes de los territorios que la conforman, siguiendo criterios tales como el tipo de delitos cometidos y las características de su comisión, la cantidad de personal y la capacidad para el desarrollo de las investigaciones, entre otros.
La entidad del Ministerio Público contará con fiscales adjuntos, profesionales y personal de apoyo, así como los medios materiales necesarios para sus operaciones. Tanto el fiscal jefe como los fiscales adjuntos de la unidad podrán desempeñar sus funciones en todo el territorio nacional en el ámbito de su competencia.
El proyecto, de igual modo, determina características de organización, sede principal y nombramiento de fiscales (jefe y adjuntos). También define las condiciones para ser designado fiscal jefe y sus atribuciones específicas. Junto a ello, las normas respectivas de subrogación y remoción del cargo.
Sistema de análisis criminal
En apoyo a la nueva Fiscalía, se crea el “Sistema de Análisis Criminal para el Crimen Organizado y Delitos de Alta Complejidad”. Su finalidad es el fortalecimiento de la persecución penal, mediante la incorporación de estrategias de análisis e investigación sobre mercados delictivos u otras estructuras de criminalidad reconocibles.
El Sistema estará compuesto por unidades de análisis criminal y unidades de focos investigativos. Además, ejercerá sus funciones respecto de los delitos que determine el fiscal nacional, mediante resolución, y tendrá las siguientes funciones:
- La generación de información a partir del análisis de datos agregados de causas vigentes o terminadas y otras fuentes de información.
- La elaboración de reportes de la información analizada.
- La formulación de orientaciones y procedimientos estándares de gestión eficiente de la información que permitan el logro de los resultados establecidos.
Este sistema dependerá de cada fiscalía regional, debiendo coordinarse operativamente con las fiscalías locales de la respectiva región. Estará compuesto por fiscales adjuntos y profesionales que se desempeñen como analistas. Les corresponderá a los primeros ejercer la acción penal, adoptar medidas de protección a víctimas y testigos. Adicionalmente, deberán dirigir la investigación en aquellos delitos de competencia del sistema, de acuerdo con las instrucciones generales del fiscal nacional.
Los informes y reportes elaborados por el Sistema, en ejercicio de sus funciones, podrán ser declarados reservados.
Junto a las normas mencionadas, este proyecto presenta otras adecuaciones a la Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley 19.640). Algunas de ellas son para insertar la nueva unidad, otras para entregar las facultades necesarias al fiscal nacional en este ámbito.
También se establecen exigencias nuevas para las autoridades y funcionarios del Ministerio Público en general. Así, antes de asumir sus cargos, deberán acreditar que no son consumidores de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales. Y, si lo fuesen, deberán acreditar que su consumo está justificado por un tratamiento médico.
La presente ley entrará en vigencia una vez transcurrido el plazo de seis meses, contados desde su publicación.
