En una maratónica sesión en Arica, la Comisión de Seguridad del Senado escuchó a diversas autoridades de la región, civiles y uniformadas, quienes han manifestado su opinión en torno a una posible nueva ola migratoria y la urgencia de fortalecer las instituciones para enfrentar este problema y la Seguridad en forma integral.
Al respecto, la comisión acordó una serie de acciones respondiendo a demandas que buscan mejorar planes y programas y políticas públicas en este ámbito. Así lo confirmó el presidente de la instancia, senador Iván Flores , quien señaló que uno de los acuerdos adoptados es solicitar “la absoluta transparencia e información sobre el resultado del plan Calles sin violencia.
“La comunidad necesita saber cuál ha sido el resultado. Además, se ha solicitado por varios de los presentes, que el estado excepcional que existe en la zona sea más permanente, lo que expresaremos a las autoridades respectivas”, agregó.
Por su parte, el senador José Miguel Durana destacó la posibilidad de generar acuerdos resolutivos y colaborativos “porque permite emplazar al gobierno para que tome decisiones tendientes a mejorar las condiciones de seguridad de la región y el país”.
“Según la ENUSC tenemos un alto índice de victimización por lo que me parece del todo relevante reunirnos con los principales actores del sector público y privado de la región para escuchar sus planteamientos y demandas”, añadió.
En tanto, el senador José Miguel Insulza se refirió a la situación de Cerro Chuño, en Arica, territorio donde existe un campamento y en el que en los últimos tres años se han repetido los homicidios, hallazgo de cuerpos enterrados, explotación sexual, venta de droga y otros tantos ilícitos.
“Allí, hay una situación muy complicada en seguridad, pero se mezcla también el tema de algunas empresas en el lugar, hay que ver como se soluciona de la mejor forma”, complementó.
En la sesión, la comisión sometió a votación dos proyectos que forman parte del fast track legislativo en materia de seguridad. El primero de ellos es el mensaje del Ejecutivo para regular y limitar los narcofunerales, ya aprobado por la Cámara; y, el otro, corresponde a una moción impulsada por la senadora Yasna Provoste en materia de robo de minerales.
