La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó una resolución que pide al presidente de la República instruir al Ministerio del Interior la coordinación entre los organismos del Estado que corresponda y las policías, a objeto de ejecutar el desalojo de tomas ordenados por la justicia a nivel nacional.
El documento explica que Chile vive una crisis habitacional hace décadas que se acrecentó en pandemia con un aumento considerable de las tomas. De hecho, los asentamientos irregulares subieron más de un 100% entre 2019 y 2023, según un estudio realizado por Techo Chile.
El diputado Rubén Oyarzo, indicó que “lamentablemente la falta de regulación y de planificación urbana han hecho que las tomas sean un mecanismo por el cual las ciudades van creciendo, muchas veces sin un plan ni servicios básicos”.
“El problema de las tomas ha sido una preocupación transversal de los gobiernos desde la vuelta de la democracia. En algunos casos hay experiencias exitosas de regulación y crecimiento de tomas que terminaron convirtiéndose en barrios con servicios y completamente integrados a la ciudad. Desgraciadamente, con la pandemia, nuestro país retrocedió considerablemente en materia de asentamientos precarios y tomas. De hecho, estos asentamientos irregulares aumentaron en más de un 100% entre los años 2019 y 2023, cuestión que fue constatada en el catastro realizado por Techo”, agregó.
El parlamentario señaló que “como país, no podemos seguir permitiendo que las tomas se conviertan en una figura común de crecimiento urbano o un negociado para aquellos que hacen del problema de la vivienda una fuente de ingresos, generando verdaderas mafias”.
Por su parte, el diputado Jorge Alessandri resaltó la importancia de coordinar a todas las fuerzas policiales para que las personas que viven en campamentos puedan ser instalados en viviendas sociales.
En tanto, la diputada Claudia Mix manifestó su oposición a la solicitud que persigue el desalojo y la demolición de la toma Pequeño Haití, ubicada en Maipú, detallando que existen muchas familias y cerca de 60 menores que quedarían sin hogar.
“No somos capaces de entender la realidad de una población, de un grupo de ciudadanos haitianos que llegan a vivir en ese lugar, arrancando de una ola de violencia desde su país. Yo vivo en la comuna de Maipú, he vivido toda la vida en la comuna de Maipú, pese a que no me enceguezco frente a los problemas que existen allí, también hay un Estado que hoy día no les puede ofrecer una alternativa habitacional”, indicó.
El texto parlamentario señala que existe un actuar tardío y lento de nuestra institucionalidad en materia de usurpación de terrenos, incluso en algunos casos no se ha elaborado ninguna estrategia para enfrentar esta problemática, un ejemplo de ello es que 345 municipios a nivel nacional, cerca de 133 mantienen campamentos establecidos.
