La suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, presentó una denuncia ante la Contraloría General de la República (CGR) en un intento por impugnar el proceso de remoción en su contra.
Vivanco solicita que se declare la ilegalidad del decreto presidencial que formaliza la remoción de un juez, argumentando que el proceso no garantizó el debido acceso a las pruebas y al expediente relacionado con su caso.
El conflicto surge luego de que la jueza Vivanco fuera rechazada en su solicitud de acceso a los antecedentes tramitados por la Comisión de Ética de la Corte Suprema. Estos antecedentes están vinculados a las conversaciones que mantuvo con el abogado Luis Hermosilla en el contexto del Caso Audios, que ha generado controversia en el sistema judicial chileno.
La magistrada alega que su petición no es abstracta, sino que busca asegurar el cumplimiento del debido proceso, cuestionando la falta de acceso a la documentación necesaria para preparar su defensa. La solicitud de Vivanco de acceder a los antecedentes de las dos Comisiones de Ética previas fue rechazada, según una resolución emitida el 11 de septiembre.
Vivanco argumenta que el decreto presidencial en cuestión vulnera garantías fundamentales al no proporcionar las pruebas necesarias para que ella pueda defenderse adecuadamente.
