La Sala de la Cámara de Diputados despachó a ley el proyecto de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias, conocido como proyecto antievasión, tras aprobar las modificaciones introducidas por el Senado, que visó la jornada anterior la iniciativa en particular.
Este proyecto que fue enviado el 29 de enero de este año e inició su tramitación en marzo es un pilar sustancial del Pacto por el Crecimiento Económico (Pacto Fiscal) e integra el fast track económico priorizado por el Gobierno.
En su intervención en el hemiciclo, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, recordó que esta iniciativa “es parte de un conjunto mucho más ambicioso (Pacto Fiscal), que no solamente apunta a asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias o emparejar la cancha para las pequeñas empresas que cumplen con sus obligaciones y generar recursos adicionales para invertir en materia social. Este es el proyecto más completo y comprensivo en materia de cumplimiento tributario que ha visto este Congreso en muchos años”.
En general este proyecto contempla una serie de medidas relacionadas con fortalecer la función fiscalizadora para combatir la evasión y la elusión de impuestos, modernizar la administración tributaria, flexibilizar el levantamiento del secreto bancario, fortalecer la Defensoría del Contribuyente, facilitar que los contribuyentes se pongan al día con sus obligaciones tributarias, enfrentar la informalidad y perfeccionar la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos (SII), entre otras materias.
Con la aplicación de estas propuestas se busca generar una recaudación de 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) para financiar prioridades sociales del programa del Presidente Boric.
La amplia mayoría en favor del proyecto obedece a las sucesivas instancias de diálogo que se abrieron durante el proceso legislativo ya que en el primer trámite en la Comisión de Hacienda de la Cámara se conformó una mesa de asesores, y luego, en la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, hubo una segunda mesa de asesores, cuyo trabajo resultó en la presentación de casi 70 indicaciones por parte del Ejecutivo, la mayoría aprobadas por amplio margen.
Con el proyecto de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias se estima una recaudación fiscal de 1,5% del PIB, equivalente a US$4.500 millones aproximadamente, en régimen, con los que se podrá financiar el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250.000 (1,2% del PIB) y cumplir con los compromisos en materia de seguridad ciudadana.
En conjunto con los recursos recaudados por el Royalty minero, se incrementará el gasto público en seguridad en US$1.500 millones, totalizando un incremento de 40% en inversión pública en seguridad, respecto de 2022.
Contenido del proyecto
Del trabajo realizado en ambas cámaras, se aprobaron 24 materias por amplia mayoría, entre las que destacan la fiscalización de grupos empresariales, la posibilidad de establecer la trazabilidad en comercio de bienes, la ampliación de las medidas cautelares que puede solicitar el Servicio de Impuestos Internos (SII) y las normas del fortalecimiento a la Defensoría del Contribuyente (Dedecon), entre otras.
Respecto de las áreas donde hubo modificaciones, destacan los cambios al secreto bancario para el cual se mantiene el procedimiento simplificado sin oposición del contribuyente y se modifica el procedimiento judicial general mejorando sus plazos y suspendiendo la prescripción en favor del fisco. De esta manera, el levantamiento del secreto bancario armoniza con los procedimientos de fiscalización siendo una herramienta fundamental.
Asimismo, en Norma General Antielusiva (NGA), se mejoró el procedimiento en etapa administrativa y judicial, quedando una regulación coherente y sin vacíos de procedimiento asegurando su correcta implementación en el combate contra la elusión. En tanto, para el denunciante anónimo se mantuvo la recompensa, fijando un piso para su aplicación cuando el impuesto defraudado sea superior a $80 millones (100 Unidades Tributarias Anuales).
También se perfeccionó la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos incorporando un Consejo Tributario que opinará sobre el plan de Gestión de Cumplimiento Tributario y las circulares sometidas a consulta pública, no obstante, la interpretación de la ley tributaria se mantendrá dentro de las facultades del director del Servicio.
Reconociendo la importancia de las Pymes en la economía, el proyecto incluye diversas medidas para aliviar su carga tributaria y facilitar el cumplimiento. Entre ellas, que la tasa de interés sobre deudas tributarias se reducirá desde un 1,5% por mes a una tasa diaria variable que será fijada semestralmente por el SII; se permitirá a las Pymes acceder a convenios preferentes para el pago de deudas en 18 cuotas, con un pie inicial no superior al 5% y condonación de intereses y multas; se introducirá una norma para declarar la incobrabilidad de deudas tributarias mayores a 10 años y solicitar de oficio la prescripción de deudas prescritas.
También se ampliarán las atribuciones de la Defensoría del Contribuyente aumentando su dotación en más de un 50% para ofrecer mejor asistencia jurídica y acompañamiento a los contribuyentes; se permitirá la representación judicial en los procedimientos de vulneración de derechos de los contribuyentes; y se establecerá un procedimiento simplificado para el término de giro de Pymes facilitando el cierre ordenado de sus operaciones.
Asimismo, se introducen herramientas clave para formalizar la economía y mejorar la fiscalización tales como la obligación a las plataformas digitales, portales de pago y entidades públicas a exigir inicio de actividades a sus usuarios, así como reportar las operaciones que se realicen a través de ellas; y se establecerá que todas las plataformas digitales extranjeras estarán sujetas al pago de Impuesto a las Ventas y Servicios (IVA) por los bienes comercializados.
El SII estará facultado para implementar sistemas de trazabilidad sobre cualquier tipo de bien, con el costo fiscal a cargo del Estado; y los bancos deberán exigir inicio de actividades para operaciones de crédito.
A su vez, los bancos deberán informar al SII sobre contribuyentes que reciban en un mismo día, semana o mes, 50 o más transferencias de personas distintas o 100 dentro de un mismo semestre y el monto agregado de las operaciones reportadas. Por último, los comerciantes de bienes usados deberán identificar a sus proveedores. Tras este último trámite legislativo, el proyecto queda en condiciones de promulgarse y convertirse en ley de la República.
