La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fallado en contra del Estado de Chile por el caso Vega González y otros versus Chile. La sentencia del caso se refiere a 14 procesos penales sobre ejecuciones y desapariciones forzadas, delitos de lesa humanidad, perpetrados durante la dictadura chilena.
El fallo condena la aplicación, por parte de la Corte Suprema de Justicia de Chile, del recurso de “prescripción gradual”, mediante el cual se decidió atenuar las penas otorgadas a los responsables de delitos de lesa humanidad, lo cual abrió las puertas a una disminución de las penas y permitió que muchos de los perpetradores quedaran en libertad.
En detalle, durante los años 2007 y 2010, la Corte Suprema aplicó esta figura legal en varios procesos, lo que resultó en la reducción de penas para los responsables de delitos como la desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales.
El fallo afecta a los casos de 44 detenidos desaparecidos y cinco ejecutados políticos, incluidos el periodista José Carrasco Tapia, el profesor Gastón Vidaurrázaga, el publicista Abraham Muskatblit y el técnico Felipe Rivera.
La media prescripción, establecida en el artículo 103 del Código Penal chileno, permitió reducir las condenas cuando el tiempo de prescripción había transcurrido a la mitad, ignorando el carácter permanente de crímenes como la desaparición forzada.
Lo anterior provocó la disminución de penas para los responsables, quienes además accedieron a beneficios como la remisión condicional de la pena y la libertad vigilada, evitando en muchos casos su encarcelamiento.
