La Sala de la Cámara de Diputados tomó conocimiento de la acusación constitucional en contra de la ministra del Interior, Carolina Tohá Morales, por “comprometer gravemente la seguridad nacional”.
El libelo, deducido por las diputadas Sofía Cid, Catalina Del Real, y por los diputados Cristián Araya, Juan Irarrázaval; José Carlos Meza; Benjamín Moreno; Agustín Romero, Luis Sánchez; Stephan Schubert y Renzo Trisotti, integrantes de la bancada Republicana, consta de dos capítulos acusatorios.
La Sala sorteó la comisión ad hoc que revisará la presentación, la cual integran los diputados Jaime Araya (IND), Boris Barrera (PC), Ana María Gazmuri (PAH), Marta González (IND) y Guillermo Ramírez (UDI).
Fundamentos
Los acusadores señalan que Chile vive la peor crisis de seguridad pública de su historia y que pese a los ajustes transitorios, todos los indicadores dan cuenta de un estado crítico de nuestra realidad a nivel país. Asimismo, refuerzan la necesidad de cambios estructurales que permitan contener el fenómeno criminal y sus avances.
Además, dadas las funciones que le competen a la ministra del Interior, Carolina Tohá, se abre el debate sobre el control político y la responsabilidad de esta, porque, señalan, tras dos años de gestión del gobierno los índices se mantienen altos.
Asimismo, que pese a los esfuerzos y recursos desplegados, son mínimos los avances en materia de seguridad. Esto, añaden, deja en entredicho la capacidad del gobierno actual para gestionar efectivamente la crisis.
En particular, la acusación contempla dos capítulos acusatorios en contra de la ministra del Interior por:
- Haber infringido gravemente la Constitución y las leyes, y haber dejado éstas sin ejecución, al omitir adoptar medidas más eficaces para resguardar a la población de la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado, en medio de la crisis de seguridad pública más grave de nuestra historia reciente.
- Haber infringido la Ley de migración y extranjería, y haber dejado leyes sin ejecución, al omitir adoptar medidas más eficaces para prevenir la vulneración de nuestras fronteras en medio de la crisis de migración ilegal más grave de nuestra historia reciente.
Plazos
A partir de esta jornada comienza a regir el plazo de tres días para que la Cámara notifique, personalmente o por cédula, a la ministra Tohá. Una vez notificada, la personera tendrá diez días de plazo para concurrir ante la comisión encargada de la acusación. Esto en forma personal o por escrito.
Posteriormente, la comisión especial tendrá seis días para estudiar la acusación constitucional y pronunciarse sobre ella, informe que será votado posteriormente por la Sala de la Cámara.
