El exdirector de Carabineros, Ricardo Yáñez, enfrentó durante el martes la formalización por omisión de apremios ilegítimos y por su eventual responsabilidad de mando en violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social.
Yáñez fue convocado a esta audiencia junto a su predecesor, Mario Rozas, y al exsubdirector Diego Olate por el delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio presuntamente cometido en esa época.
En la primera hora de la comparecencia, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago determinó separar la audiencia de cautela de garantías, de la comunicación de cargos que se imputarán. Después de las primeras dos audiencias realizadas el martes, la defensa tiene hasta 10 días para prepararse de cara al debate respecto a la fijación de medidas cautelares.
En la primera jornada, la Fiscalía logró detallar 139 de los 230 casos de vulneraciones a los derechos humanos a los cuales se les acusa a los exuniformados. Además, la audiencia del miércoles se retomará a las 09:00 de la mañana.
Lo anterior se decidió después de que el abogado de Yáñez, Nicolás Oxman, apuntara que “es necesario que, desde el punto de vista institucional, una institución como Carabineros de Chile pueda tener una respuesta suficiente frente a ese grado de acusación”.
Sin embargo, el abogado querellante Luis Mariano Rendón respondió a Oxman que Carabineros “no está acusado en esta causa”, hecho que replicó luego el propio juez Cristián Sánchez.
En tanto, la fiscal Ximena Chong, que lidera la investigación, explicó que “la cantidad aproximada de personas afectadas por situaciones de violencia institucional, sólo en la Jurisdicción de la Fiscalía Centro Norte, es de 2.438 personas, desde el 18 de octubre de 2019 al 31 de marzo del año 2020″.
“De esos casos, 1.002 casos corresponden a lesiones provocadas con proyectil de arma de fuego, de los cuales 653 fueron lesiones en la zona de la cabeza o cuello. De las lesiones ocurridas en la cabeza o cuello, 430 fueron producto de disparo de perdigones y 172 por disparo de gases, siendo un total de 163 las lesiones oculares”, detalló.
“Este peak mundial de lesiones oculares producto de conductas desplegadas durante varios días no resulta compatible con el ejercicio adecuado de la función pública”, comentó.
La persecutora indicó que los retirados generales debían “garantizar que la ley sea respetada por la totalidad del personal, lo que debe materializarse en mecanismos eficaces de monitoreo y fiscalización para prevenir y enfrentar vulneraciones de la ley”.
