Este miércoles se retomó la formalización de los exgenerales de Carabineros, Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate, por omisión de delitos de apremios ilegítimos y por su eventual responsabilidad de mando en violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social.
En la jornada, la fiscal Chong detalló el contexto de las acusaciones, que abarcan hasta marzo de 2020, periodo marcado por intensas manifestaciones sociales en el país. Con el fin de sustentar su argumentación, la persecutora expuso casos individuales, detallando una serie de causas y cómo se produjeron los hechos.
La persecutora enfatizó en el caso de la senadora Fabiola Campillai, quien perdió visión, olfato y gusto debido a una lacrimógena lanzada por un efectivo de Carabineros. La fiscal subrayó que el uso de la fuerza fue injustificado y sin el resguardo necesario.
“En particular, él a esa fecha capitán de Carabineros, Patricio Javier Maturana Ojeda, hizo uso de la carabina lanzagases con munición 37 milímetros de forma directa a las personas de manera específicamente al cuerpo de los manifestantes sin el resguardo de la distancia”, comentó.
Chong remarcó que los imputados tenían la responsabilidad de supervisar el uso de armamento antidisturbios, pero que omitieron sus deberes, permitiendo así que se llevaran a cabo apremios ilegítimos.
Finalizado los argumentos de la Fiscalía, el juez Cristián Sánchez, tras acuerdo entre las partes, decidió suspender la audiencia hasta el lunes 14 de octubre, dando así un respiro tanto a la defensa como a los querellantes en esta causa.
A la salida del tribunal, el general (r) Yáñez aseguró que “los argumentos de Fiscalía omiten muchos antecedentes que contextualizan lo que ocurrió”. El exjefe de la institución defendió la labor de Carabineros, afirmando que no habrá justicia sin considerar el contexto en el que se vivió ese período.
“Vivimos, yo creo que uno de los hechos históricos más violentos es desde la vuelta a la democracia en nuestro país. La memoria es frágil, pero se incendiaron edificios, se quemaron iglesias, se destruyó el patrimonio público y privado, se destruyeron monumentos nacionales, se afectó la vida de miles de personas que perdieron sus fuentes laborales, sus negocios, la vivienda y la plusvalía de un sector bajó considerablemente, ya nadie quería vivir ahí”, expresó.
Según Yáñez, “los carabineros hicieron lo que pudieron dentro del mandato constitucional que nos obligaba a restablecer el orden que era quebrantado todos los días con actos violentos, destructivos, donde atacaban permanentemente a nuestros carabineros”.
