La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 97 votos a favor, 25 en contra y 20 abstenciones, la admisibilidad de la acusación constitucional presentada por 11 legisladores en contra de los ministros de la Corte Suprema, Ángela Vivanco Martínez y Sergio Muñoz Gajardo.
Los parlamentarios de Tarapacá, Danisa Astudillo (PS) y Renzo Trisotti (ex UDI), votaron a favor de la moción; mientras el diputado Matías Ramírez (PC) se abstuvo.
Además, se procedió a nombrar una comisión de tres diputados para que formalice y prosiga con la acusación ante el Senado. La instancia la integrarán los jefes de bancada de la oposición: la diputada Ximena Ossandón (RN), Gustavo Benavente (UDI) y Jorge Guzmán de Evopoli.
Luego que la Cámara de Diputados dio lugar a las acusaciones constitucionales en contra de los ministros de la Corte Suprema, le corresponde al Senado pronunciarse como jurado a partir del martes 15 de octubre.
Así lo informó el presidente del Senado, José García Ruminot, tras recibir el oficio respectivo enviado desde la Cámara de Diputados, con lo que empiezan a correr los plazos establecidos en la legislación.
De acuerdo a los plazos establecidos, una vez que se recibe el oficio de la Cámara de Diputados se deberá dar cuenta y a partir de ese momento, el Senado tiene 30 días hábiles para pronunciarse acerca de ella.
Ministros de la Corte Suprema suspendidos
Sobre los acusados, la Constitución establece que quedarán suspendidos en sus funciones, desde el momento en que la Cámara de Diputados declaró ha lugar la acusación hasta que el Senado desestime o apruebe la acusación.
Recordemos que antes de la votación de la admisibilidad, la Corporación rechazó la llamada cuestión previa, deducida por las defensas y se pasó al fondo del debate. En tal plano, le correspondió a la presidenta de la comisión informante, la diputada Sofía Cid (IND), tomar la palabra para sostener la acusación.
El informe detalló los argumentos del libelo para acusar a ambos magistrados por la causal de notable abandono de deberes. Esto respecto a su responsabilidad en los tribunales y la independencia del Poder Judicial.
En el documento se mencionó que la ministra Vivanco se encuentra frente a un proceso de remoción de su cargo por parte de la Corte Suprema. Esto se debería a que sus actuaciones dañarían los principios de independencia, imparcialidad, probidad y transparencia.
Asimismo, se planteó su injerencia indebida sobre la determinación de cargos públicos para beneficiar a terceros y mantener contactos indebidos en labores judiciales.
Sobre el ministro Muñoz, Cid dijo que se constituiría el abandono de deberes por dar a conocer, previamente, una sentencia en acuerdo no publicada, con efectos patrimoniales respecto de su hija, y no manifestar su inhabilidad.
También, se indicaron funciones correccionales y su omisión para enmendar o sancionar la falta de su hija. Según el informe, ella habría trabajado desde Italia, lo que implicaría un trato privilegiado hacia la jueza de garantía.
