La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas (ONU) en Venezuela publicó un informe en donde se revela un aumento de las violaciones de los derechos humanos y una represión en el país sudamericano, tras las elecciones del 28 de julio en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó ganador a Nicolás Maduro sin resultados detallados por centro y mesa de votación.
El informe, que abarca del primero de septiembre de 2023 al 31 de agosto de 2024, reseña una serie de detenciones, amenazas e “incluso actos de tortura” para obligar a los detenidos a, presuntamente, autoincriminarse por delitos graves, como terrorismo.
“Dichas violaciones, cometidas con una intención discriminatoria, constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos en razón de la identidad de las víctimas”, se agrega en el texto.
El documento, de 185 páginas, afirma que el régimen de Nicolás Maduro puso en marcha una campaña de detenciones “masivas e indiscriminadas sin precedente” entre el 28 de julio y el 1 de septiembre de 2024.
Según el reporte, muchas de las detenciones en el periodo postelectoral “se efectuaron dentro del marco de la denominada Operación Tun Tun, como forma de amenaza y generando temor en la población”.
“Las fuerzas de seguridad detuvieron en sus viviendas a personas que habían participado en las protestas o que habían expresado opiniones críticas contra el Gobierno; las viviendas de personas percibidas como opositoras se marcaron con una ‘X’ y se habilitó una aplicación móvil alentando a los grupos afines al Gobierno a señalar y denunciar”, indica el informe.
La misión que preside la jurista portuguesa Marta Valiñas destaca en el informe que, en los 10 meses anteriores a las elecciones, al menos 48 personas fueron detenidas en relación con conspiraciones invocadas por el Gobierno, muchas de ellas en la llamada operación Brazalete Blanco, y en la campaña electoral hubo otras 121 detenciones por colaborar en actividades de la oposición.
