La Sala del Senado aprobó la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz Gajardo, quedando así inhabilitado para ejercer cargos públicos por un periodo de cinco años.
El primer capítulo acusatorio donde se le imputó haber incurrido en la causal de notable abandono de sus deberes al anticipar un fallo que produciría efectos patrimoniales importantes respecto de su hija y no manifestar su inhabilidad en una causa con interés patrimonial, fue aprobado por 27 votos a favor y 21 en contra.
En tanto, el segundo capítulo donde se esgrimió que incurrió en la causal de notable abandono de sus deberes al no ejercer funciones correccionales y omitir denunciar la falta de su hija, quien desempeñó su función judicial fuera del territorio jurisdiccional, fue aprobado con 25 votos a favor y 23 en contra.
El debate reglamentario aludió primero, a la presentación de un permiso constitucional de la senadora Paulina Núñez desde el 14 y hasta el 25 de octubre, lo que fijó en 25 votos el quórum para aprobar el libelo.
Los senadores y senadoras del oficialismo acusaron estar ante un proceso “viciado” puesto que la Cámara de Diputadas y Diputados decidió tramitar y votar en conjunto las acusaciones contra Sergio Muñoz y Ángela Vivanco, pese a que se “sustentan en hechos distintos e inconexos”. Ello, señalaron los parlamentarios, puede derivar en acciones posteriores por parte de él o los acusados, según advirtieron.
Por otro lado, manifestaron sus aprensiones por algunas de las pruebas esgrimidas para fundar el libelo acusatorio, las que no cumplirían los estándares del debido proceso, aludiendo además a los fallos del magistrado Muñoz y su línea favorable a la defensa del medio ambiente y los derechos humanos.
En la otra vereda, los senadores y senadoras que votaron favorablemente la acusación constitucional manifestaron que “se está en presencia de hechos delicados que pueden ser calificados como notable abandono de deberes”, refutando por completo que “en la ponderación del libelo se hayan considerado las posturas personales y fallos judiciales del juez Muñoz”.
Asimismo, coincidieron en que “en momentos en que la ciudadanía reclama por mayores estándares en sus instituciones en general, se debe resguardar el principio de igualdad ante la ley”. Respecto a las críticas esgrimidas sobre el procedimiento utilizado en la Cámara Baja, hicieron notar que este fue admitido por la mesa de esa corporación.
