El Juzgado de Garantía de Alto Hospicio tuvo por comunicada la decisión del Ministerio Público de cerrar la investigación en contra de los exfuncionarios de Carabineros de la Tercera Comisaría de Alto Hospicio, imputados por delitos de tortura, falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación.
En la audiencia de apercibimiento realizada el pasado 10 de octubre, el magistrado Guillermo Jofré acogió la petición del fiscal Carlos Gonzalez Reyes, oficializando el término de la indagatoria que comenzó en enero de 2023.
La decisión del juez se tomó pese a las solicitudes de los imputados de ampliar la indagatoria por “diligencias pendientes” y considerando que el plazo de investigación se aumentó por segunda vez en agosto pasado.
Ahora, el Ministerio Público tiene hasta el 20 de octubre para presentar una acusación, desistir de la causa por no haberse reunido los antecedentes necesarios (comunicar la decisión de no perseverar) o solicitar el sobreseimiento de los imputados.
Según los antecedentes de la Fiscalía de Alto Hospicio, los hechos ocurrieron en julio de 2023, cuando los entonces funcionarios policiales apagaron las cámaras de los calabozos, para golpear y rociar gas pimienta a un detenido, quien posteriormente hizo una denuncia, la que habría sido alterada en su contenido por orden del comisario de la unidad.
En el marco de la investigación de este caso, se mantiene al exfuncionario J.A.C.P. bajo arresto domiciliario nocturno, al imputado I.A.A.E. con arresto domiciliario parcial, y a A.M.A.U., E.A.G.C. y R.M.B.T., bajo las medidas de firma mensual y arraigo nacional.
La Fiscalía también formalizó a un sexto involucrado en el hecho. Se trata del imputado C.W.R.R, quien está con arraigo nacional y firma mensual.
Excarabineros de Alto Hospicio imputados por tortura y falsificación de instrumento público
Según la investigación que lleva a cabo la Fiscalía, el 19 de julio de 2023, fueron detenidas tres personas por el supuesto delito de violación de morada. Entre ellas se encuentra la víctima de iniciales R.A.V., junto a su pareja y un tercero.
En ese momento, el afectado se negó a firmar el acta de salud y acudir al consultorio para constatar lesiones, luego el exteniente coronel y jefe policial de la Tercera Comisaría de Alto Hospicio, J.A.C.P., le ordenó al cabo primero I.A.A.E. apagar las cámaras de vigilancia del sector del calabozo.
A la celda ingresaron los motoristas A.M.A.U. y E.A.G.C., quienes redujeron a la víctima, lo pusieron boca abajo, le doblaron los brazos para esposarlo y procedieron a golpearlo; en tanto, A.M.A.U. le roció gas pimienta. Golpiza que fue observada por la subteniente R.M.B.T., quien culpó al detenido por no haber podido terminar su jornada.
Tras la golpiza, los imputados A.M.A.U. y E.A.G.C. sacaron a la víctima del calabozo para trasladarlo a un consultorio. En el trayecto al carro policial, al no poder mantenerse de pie y caer de rodillas, los policías volvieron a golpear e insultar a la víctima.
En la audiencia de control de detención, se declaró la ilegalidad de la detención, además, la víctima concurrió al mismo centro médico donde se le diagnosticaron lesiones menos graves.
El 4 de agosto de 2023, el afectado llegó a la Tercera Comisaría de Alto Hospicio a presentar una denuncia por las agresiones del 19 de julio, sindicando al oficial de la unidad por su responsabilidad en la golpiza.
Al tomar conocimiento de la denuncia por parte del imputado A.M.A.U., el excomandante de la unidad policial J.A.C.P. ordenó retener el parte policial original y antes de enviarlo a la fiscalía, le ordenaron a R.M.B.T. que modificara su contenido, el que quedó redactado en términos generales y sin atribuir a nadie responsabilidad directa. Tras obligar a otra funcionaria a firmar el documento, fue remitido a la fiscalía de Alto Hospicio recién el 11 de agosto de 2023.
Asimismo, el 4 de agosto, cuando la víctima fue a realizar la denuncia, el cabo primero I.A.A.E. concurrió a la guardia de detenidos para solicitar accesos al dispositivo de grabación de las cámaras de vigilancia y, bajo la excusa de que el equipo estaba con problemas, sacó el Digital video recorder (DVR) o sistema de administración de señales de video y grabación para llevarlo a la oficina de la Sección de investigación Policial (SIP) con la supuesta intención de repararlo.
Una vez que se inició la investigación penal, el exteniente J.A.C.P. comenzó a coordinar las declaraciones de los demás implicados, a fin de desligar responsabilidades y cubrir su participación en los hechos. Además, entre diciembre de 2023 y enero de 2024, J.A.C.P. presionó a dos funcionarios que estuvieron en la guardia el día de los hechos, para que no relataran lo realmente sucedido, sino lo que él decía que debían declarar.
