El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) entregó un preocupante balance a cinco años del estallido social de 2019, en el que reportan que, de las 3.233 querellas presentadas por 3.828 víctimas, solo se han dictado 42 sentencias condenatorias ejecutoriadas. El organismo advirtió que un gran número de casos podría prescribir debido a los plazos legales.
El INDH atribuyó la lentitud de los procesos a los “tiempos propios de la justicia”, la pandemia de COVID-19 y la “falta de recursos” en las instituciones encargadas de las investigaciones.
Del total de víctimas, 75% eran hombres y 25% mujeres, con 1.481 pertenecientes a grupos de especial protección, y 603 niños, niñas y adolescentes afectados. El informe también destaca que un 20% de las mujeres víctimas denunciaron violencia sexual.
Las principales vulneraciones incluyen agresiones físicas, disparos y desnudamientos, ocurridos en su mayoría en espacios públicos.
El INDH subrayó que muchas de estas violaciones ocurrieron en contextos donde es difícil reunir pruebas, como sitios de privación de libertad o durante enfrentamientos callejeros, lo que complica la determinación de responsabilidades.
