Este jueves el Juzgado de Garantía de Iquique aumentó el plazo de la investigación del “Caso Cajas de Alimentos” en 10 días más y fijó una audiencia de cierre de la causa para el próximo martes 5 de noviembre.
Al inicio de la audiencia se abordó el sobreseimiento definitivo de los imputados Dimitri Díaz Neira, Ricardo Percic Becerra, Juan Ayala Brito, Ximena Ciudad Varela, Marcelo Valenzuela Contreras y Gunther Ziller Arjona.
No obstante, las defensas de los acusados renunciaron a discutir el sobreseimiento y poner término al procedimiento que habían solicitado en la audiencia previa.
Posteriormente, el fiscal adjunto de Iquique, Juan Zepeda, solicitó al tribunal ampliar el plazo de la investigación por estar en conversaciones con algunas defensas para realizar eventuales salidas alternativas y procedimientos abreviados que requieren autorización de la Fiscalía.
“La vamos a pedir solo en el término de diez días, justificación con algunas defensas, se están conversando desde hace algún tiempo, posibilidad de salidas alternativas, incluso algunos procedimientos abreviados que requieren, que requieren de nuestra institución, revisión en varios niveles, tanto a nivel de Fiscalía Regional como a nivel de Fiscalía Nacional”, agregó.
El persecutor aseguró que hay “conversaciones más avanzadas que otras”, ya que hay un interés de las partes para este tipo de salida. Además, confirmó que algunas de las defensas se han acercado al Ministerio Público para manifestar su interés y hacer planteamientos al respecto.
“Sería nuestra justificación, y como indico, solo diez días para seguir afinando algunas cuestiones, de hecho, ya ha habido algunas propuestas y contrapropuestas, y ha ido evolucionando esa negociación”, acotó.
En tanto, el abogado Roberto Urrutia, en representación del imputado Jorge Venegas, se opuso a la petición de la Fiscalía, señalando que en realidad serían 40 días, considerando los plazos de las audiencias de cierre.
El jurista indicó que las investigaciones y las cautelares han sido “perjudiciales, en particular para los imputados que son empresarios, que han perdido contratos, se han cerrado cuentas corrientes y no pueden acceder a crédito”.
“Como sabemos, hoy también nos toca el cierre de investigación, preparación de un juicio oral, que vamos a tener el próximo año, entonces la verdad que seguir alargando esto, evidentemente es un perjuicio bastante grande, de hecho, considerando sobre todo que en particular me he representado, no es objeto de estas salidas alternativas, no hemos conversado nada de eso, ni tampoco hay interés, la verdad, nosotros vamos a ir a juicio”, comentó.
Por su parte, el abogado querellante, Enzo Morales, manifestó a Radio Paulina su sorpresa al enterarse que el Ministerio Público está negociando salidas alternativas y procedimientos abreviados “a espaldas de los querellantes”.
“Exijo que la fiscalía acuse y lleve a juicio oral a todos los imputados que están formalizados por delitos de corrupción pública, los que, no pueden terminar con clases de ética, al estilo del ex fiscal Guerra, sino que deben ser condenados a penas ejemplares de cárcel efectiva, que sean un precedente y aviso para todos los que actualmente tienen a su cargo fondos públicos”, agregó el jurista.
Escuchado los argumentos del Ministerio Público, los querellantes y las defensas, el tribunal accedió a la petición de ampliar el plazo de investigación en 10 días y fijó una audiencia de apercibimiento de cierre de la investigación para el próximo 5 de noviembre a partir de las 8:30 horas.
“Caso Cajas de Alimentos”
El caso “Cajas de Alimentos” estalló en junio de 2020, luego que un reportaje publicado por Radio Paulina revelara que dos productoras de eventos, giro no asociado a la tarea de distribución de cajas, más una chef habían conseguido la millonaria licitación.
La investigación periodística fue llevada a cabo por este medio, debido a las irregularidades en la adquisición de cajas de alimentos por parte de la Intendencia liderada por Miguel Ángel Quezada en el año 2020.
La Contraloría General de la República (CGR) detectó irregularidades en la implementación de la medida en distintas regiones. Una de ellas fue Tarapacá, en la que se detectó un cuantioso sobreprecio de 232 millones de pesos en el primer proceso de entrega de cajas y de más de 282 millones en el segundo proceso.
El caso ha tenido dos procesos de formalización, el primero con la lista política que involucró al exintendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada (UDI); su exjefa de Gabinete, Lilian Plaza Bravo; el otrora jefe de administración y finanzas de la Intendencia Regional, Jhonny Muñoz; Ximena Ciudad, Juan Ayala, Lorena Barrientos y Luis Cepeda, entre los primeros imputados del caso.
En este primer grupo, el exdiputado y exconvencional por la región de Tarapacá, Hugo Gutiérrez (PC), interpuso una ampliación de querella imputando a más personas en el caso.
Con dicha ampliación que interpuso Gutiérrez se incorporaron funcionarios involucrados en la segunda entrega de cajas, proceso que fue financiado por el Gobierno Regional (GORE) de Tarapacá.
En tanto, en un segundo grupo fueron acusadas seis nuevas personas durante noviembre del 2023. Se trata de la exjefa de División Social y Humano de la Intendencia y actual funcionaria de la Delegación Presidencial de Tarapacá, María Lemus Espinoza; los imputados Gabriel Díaz Duran, Marcelo Valenzuela Contreras, Gunther Ziller Arjona; la actual consejera regional Daniela Solari y su familiar directo Rodrigo Vega Laferte, quienes fueron formalizados por los delitos de fraude al Fisco y organismos del Estado.
