Un reciente reportaje de CIPER ha destapado el uso de fondos públicos por parte de autoridades en Alto Hospicio y Pica, generando un intenso debate sobre la administración de recursos en comunas con elevados índices de pobreza. Entre 2021 y 2024, los registros de la Ley de Lobby indican que 258 alcaldes realizaron 339 viajes financiados por sus respectivos municipios.
Según la información del Centro Periodístico, el concejal de Alto Hospicio, José Luis Astorga, ha sido señalado por gastar más de $26 millones en viajes. Desde junio de 2021 hasta junio de 2024, el alcalde de Alto Hospicio, Patricio Ferreira (DC), junto a cinco concejales, incluidos Astorga, Víctor Belaúnde (Ind-Frente Amplio), Alejandra Becerra (DC), Alejandro Millán (Ind-RN) y Tomás Soto (PPD), han utilizado un total de $84 millones en viajes nacionales e internacionales.
La comuna se sitúa en el segundo lugar del país en gastos de viajes, solo superada por Huechuraba, en la Región Metropolitana. Astorga ha justificado sus viajes a destinos como Colombia, Perú y República Dominicana como “inversiones para el desarrollo comunal”.
En marzo de 2023, durante una reunión del Concejo, se discutió una invitación de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) para asistir a una capacitación en La Habana. Sin embargo, los concejales decidieron viajar a Punta Cana del 31 de marzo al 8 de abril de 2023, incurriendo en un gasto total de $11 millones.
En contraste, el alcalde de Colchane, Javier García, asistió a la misma capacitación en Santo Domingo, pero su gasto total fue de solo $1,7 millones, menos de la mitad que el de sus pares en Alto Hospicio. García, quien es candidato a un tercer periodo por el partido Demócratas, estuvo fuera de su comuna un total de 295 días desde 2021 hasta 2024.
Por su parte, el actual alcalde de Pica y candidato a la reelección por el pacto ChileVamos, Iván Infante, ha estado fuera de su comuna durante 292 días en este período, de los cuales 193 han sido en viajes dentro y fuera de Chile, acumulando gastos que superan los 17 millones de pesos.
Estas revelaciones han puesto en tela de juicio la gestión de fondos en comunas con altos índices de pobreza, resaltando la urgente necesidad de mayor transparencia y responsabilidad por parte de las autoridades locales.
