En el marco de la audiencia de garantías por la denuncia de violación contra del exsubsecretario Manuel Monsalve, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó 40 días de secreto de la investigación para que el Ministerio Público reconstruya los hechos desde el 1 de septiembre y los días 22 y 23 del mismo mes, periodo en que se habría cometido el delito.
El juez Ponciano Salles argumentó que dicho plazo fue determinado porque “hubo una investigación en paralelo”. Esto debido a que el fiscal Xavier Armendáriz expuso en la audiencia que cuando Monsalve tomó conocimiento de la denuncia en su contra, habría participado de una posible manipulación de las cámaras de seguridad en varios lugares.
Además, Armendáriz destacó que “entre el imputado y la víctima hay una relación asimétrica”, considerando los cargos que poseían cuando ocurrieron los hechos. En ese sentido, el fiscal indicó que el Ministerio Público estaba en conocimiento de que “han habido gestiones previas”, sin que se le presentara alguna denuncia o un comunicación oficial por parte de las autoridades superiores.
Entre las acciones adicionales, se investiga la presunta participación de Monsalve en el levantamiento de cámaras de seguridad como el restaurante y el hotel, donde supuestamente se habrían consumado los hechos denunciados. También, pedirle a un detective de la Policía de Investigaciones (PDI) acercarse “al círculo íntimo de la víctima”.
“El imputado ordenó llevar adelante diligencias con sigilo que, su señoría, no sólo consistieron en intervenciones, estas intervenciones de cámaras, sino que además llegaron al círculo íntimo de la víctima”, detalló.
Respecto a la solicitud del Ministerio Público sobre el secreto de la investigación, la abogada de la víctima, María Elena Santibáñez, apoyó la medida, señalando que el exsubsecretario “podría obstaculizar la investigación”, considerando “el poder que ejercía y que sigue teniendo”, y tomando en cuenta que su representada es una persona que se encuentra en una situación de bastante vulnerabilidad.
“Hay antecedentes claros que han sido señalados por el fiscal Armendáriz de que ya ha hecho gestiones en ese sentido, que tiene que ver con el tema de las cámaras, que además se nos acaba de indicar que fueron retiradas por personal de inteligencia, precisamente, por personas que estaban bajo la dirección del imputado”, apuntó.
Por su parte, la defensa del exsubsecretario, Cristián Arias, enfatizó en la necesidad de su equipo de tener acceso a los antecedentes y solicitó que se limitara el secreto de la misma por 20 días.
“Si a lo único a lo que tengo acceso, es a lo que la ley le obliga al Ministerio Público a entregarme, entonces es un secreto total. Eso encubre esa justificación que es una frase hecha de eficacia de la investigación, no da cuenta de una fundamentación”, aseveró.
Cabe señalar que en la audiencia de garantías, el Ministerio Público también relató que la exautoridad solicitó otros peritajes de manera irregular al área de Inteligencia de la PDI, en concreto, en uno de los celulares que fueron incautados.
En tanto, desde la defensa solicitaron la devolución de los teléfonos, al menos del que se habría comprado pasado el 16 de octubre, sin embargo, el juez se negó y accedió a que del nuevo aparato se borraran las conversaciones de WhatsApp con sus abogados, su esposa y sus hijas, además de un chat consigo mismo.
