Compras de productos premium en supermercados, pago de millonarias deudas asociadas a tarjetas de crédito y el pago de “sobresueldos” depositados a familiares son parte de las acciones ilícitas que la Fiscalía de Arica logró establecer en el marco de la investigación por delitos de corrupción pública al interior de la Dirección Regional de Vialidad.
Por estos hechos, seis imputados están siendo formalizados, este viernes, en el Juzgado de Garantía de la ciudad de Arica, entre ellos dos funcionarios públicos y un ex director de dicha repartición. Todo esto en el marco del denominado “Caso Vialidad 2”.
La investigación dirigida por la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía junto a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI Arica, estableció que los imputados favorecieron a una constructora que ejecutaba diversas obras públicas en Arica, recibiendo millonarios pagos por ello.
Así, se logró determinar que el imputado de iniciales R.F.Y., ejerció el cargo de director regional de Vialidad entre los meses de mayo del año 2018 a diciembre del año 2022 y que bajo esa calidad solicitó mensualmente a la empresa Constructora San Felipe S.A beneficios económicos para los efectos de aprobar o apurar la autorización de los estados de pago a dicha firma.
En ese sentido, durante el año 2021 la firma le efectuó diversas compras de supermercado, por medio de listas que el imputado proporcionaba, por un alto valor, las cuales incluían carnes y destilados premium. Tras efectuar dichas compras, que eran entregadas en el domicilio del director, la constructora San Felipe rendía mediante boletas a la Obras Globales que le fueron adjudicadas y que bordeaban un total de $700.000.
Asimismo, el imputado solicitó a la firma la compra de diversos materiales de construcción, para una propiedad que se estaba construyendo en el sector de Villa Frontera. Dicha compra tuvo un valor total de $25.917.112 pesos.
Además, para efectos de autorizar la aprobación del estado de pago correspondiente al mes de mayo del año 2021 de la Obra Global Putre adjudicada a la Constructora San Felipe, el entonces director regional solicitó a un ejecutivo de la firma el pago de una deuda en su tarjeta de crédito, concretándose un pago por la suma de $13.971.222 pesos. Tras ello, procedió a autorizar y tramitar el estado de pago por un monto total de $267.650.866 pesos.
En tanto, respecto del imputado F.Q.Q., quien cumple funciones como inspector fiscal y de contratos al interior de Vialidad, se estableció que a través de su hermano J.Q.Q., quien a su vez fue contratado por la constructora San Felipe en calidad de laboratorista de la misma obra que fiscalizaba su familiar, recibía un “sobresueldo” de 500 mil pesos mensuales. Lo anterior, para la finalidad de asegurar la tramitación y cancelación de los estados de pago. El fiscalizador recibió pagos irregulares por un monto total de $65.000.000 de pesos.
Otro hecho investigado corresponde a los trabajos realizados por la Constructora FV para la realización de las obras en la ruta A-27 camino Azapa, donde esta firma arrendó a la empresa Cotani SPA dos camiones aljibe, pudiendo determinar que esta última tenía como representante legal a la imputada A.F.H., pareja de J.Q.Q., trabajador de la Constructora San Felipe.
Sin embargo, a través del pago del arriendo de estos camiones se pagaban dineros al inspector fiscal F.Q.Q,. con el objetivo de aprobar los estados de pago de la empresa FV en los contratos globales donde éste último intervenía como fiscalizador. Todo lo anterior era coordinado por el empleado de FV de iniciales F.S.S.
Se estableció que la empresa Cotani cobró por concepto de arriendo de un camión Aljibe, un monto total de $50.410.461 pesos, de los cuales $44.674.766 pesos fueron finalmente transferidos al inspector fiscal.
Respecto del imputado J.P.G., y también inspector fiscal de Vialidad, se determinó que a cambio de aprobar los estados de pagos que debía autorizar a la constructora San Felipe, exigía el pago de $3.000.000 de pesos cada dos meses, a fin de gestionar dicho trámite sin contratiempos. El monto total que se le pagó a este fiscalizador fue de 11.500.000 pesos.
El último hecho investigado se relaciona con un imputado detenido en la causa original del caso Vialidad (en agosto de 2023) de iniciales A.A.A, quien ejercía el cargo de jefe del Subdepartamento de Seguridad Vial de esa repartición, estableciéndose que su cónyuge O.G.R., recibió diversos pagos por un monto total de $3.000.000 de pesos por parte de la constructora San Felipe, para que el funcionario aprobara modificaciones de la obra denominada El Buitre Las Maitas.
En este contexto, el fiscal jefe de la Unidad de Alta Complejidad, Francisco Ganga, formalizó a los imputados por diversos delitos de cohecho, soborno y lavado de activos.
