En un esfuerzo por abordar problemas de seguridad durante funerales asociados con actividades delictivas, también conocidos como “narcofunarales”, el Senado aprobó un proyecto de ley que impone normas estrictas para la realización de estos eventos.
La iniciativa, que ahora se dirige a su tercer trámite constitucional, establece un plazo máximo de 24 horas para completar los procesos funerarios y busca prevenir incidentes que puedan comprometer el orden público.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, senador Iván Flores, explicó que las evaluaciones de riesgo serán realizadas por las fuerzas policiales y Gendarmería, y serán esenciales para decidir la viabilidad de los funerales.
Además, el mensaje del Presidente de la República establece severas penalizaciones para quienes infrinjan las normas durante estos eventos, como el uso indebido de armas y el consumo de sustancias prohibidas.
Por su parte, la ministra de Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, enfatizó que la ley no es una concesión a la delincuencia, sino una herramienta para gestionar mejor los recursos policiales y mantener la paz en eventos públicos de alto riesgo.
Aunque muchos senadores apoyan la medida como una forma de controlar los efectos disruptivos de ciertos funerales, otros critican el proyecto por tratar efectos en lugar de causas más profundas del crimen organizado. El debate continúa mientras el proyecto se prepara para su discusión final.
