La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a Sala el proyecto que modifica una serie de normas en materia de migración y perfecciona la Ley de Migración y Extranjería.
La iniciativa impulsada por el Gobierno busca ampliar las causales de expulsión constitutivas de delitos graves, como la violencia intrafamiliar, violación y explotación sexual, porte o tenencia de armas de fuego, la extorsión y sicariato, entre otros.
También permitirá aumentar las sanciones para transportistas que trasladen a personas extranjeras en situación irregular desde la frontera y aumentará las penas para quienes cometen tráfico ilícito de inmigrantes.
De igual forma, con este proyecto se podrán revocar los permisos de residencia a quienes cometan faltas reiteradas que atenten contra la convivencia armónica, como riñas, ruidos molestos o venta ambulante.
Tras avanzar en su primer trámite legislativo, el director del Servicio de Migraciones (Sermig), Luis Thayer, señaló que este proyecto de ley “viene a modificar y a mejorar nuestra ley de extranjería e inmigración”.
“Este conjunto de modificaciones son muy importantes, puesto que nos van a permitir como Estado tener una mejor gestión de nuestras fronteras y poder garantizar los procesos de inclusión de manera más estricta”. Entre las modificaciones más importantes se encuentran, por ejemplo, la incorporación de la violencia intrafamiliar como una causa de expulsión grave, igual que delitos como el porte y tenencia de armas, el homicidio calificado y explotación sexual”, agregó.
El titular de Migraciones remarcó que con esta iniciativa se podrá “sancionar a las personas que fomenten el ingreso irregular, trasladando a las personas que ingresaron clandestinamente a Chile desde las fronteras al interior del país. En el mismo sentido, se incrementarán las penas para el tráfico ilícito de inmigrantes”.
“Creemos que es muy importante fomentar y promover la sana convivencia y la integración de las personas migrantes en nuestra sociedad. Por eso se establecen sanciones migratorias a quienes cometan faltas reiteradas a la convivencia, como ruidos molestos, riñas, desórdenes o venta ambulante”.
El proyecto que impulsa el Ejecutivo seguirá su tramitación legislativa en el Congreso Nacional. Además, la Cámara de Diputadas y Diputados votará esta iniciativa en un plazo de 90 días.
