La fiscal adjunta de Alto Hospicio, Virginia Aravena, presentó formalmente la acusación en contra de los seis excarabineros de la Tercera Comisaría de Alto Hospicio por su participación en calidad de autores de los delitos de tortura, falsificación de documento público y obstrucción a la investigación, todos en grado de consumado.
Según los antecedentes del Ministerio Público, los hechos ocurrieron en julio de 2023, cuando los entonces funcionarios policiales apagaron las cámaras de los calabozos, para golpear y rociar gas pimienta a un detenido, quien posteriormente hizo una denuncia, la que habría sido alterada en su contenido por orden del comisario de la unidad.
Actualmente, todos los acusados están con alguna medida cautelar: el exfuncionario J.A.C.P. se encuentra con arresto domiciliario nocturno, el imputado I.A.A.E. tiene arresto domiciliario parcial, y A.M.A.U., E.A.G.C., R.M.B.T. y C.W.R.R están bajo las medidas de firma mensual y arraigo nacional.
El libelo acusatorio, al que tuvo acceso Radio Paulina, fue presentado el 21 de octubre ante el Juzgado de Garantía de Alto Hospicio y se da luego de que se pidiera el cierre de la investigación el pasado 10 de octubre. El documento evidencia hechos delictivos en que los acusados tuvieron distintos grados de participación.
La acusación incluye diversos medios probatorios como fotografías del sitio del suceso y de las cámaras de la comisaría, el informe policial de la Policía de Investigaciones (PDI), imágenes obtenidas de los teléfonos de los imputados y las grabaciones de la custodia de la víctima.
Se suman más de 60 documentos, la mayoría de ellos corresponden a archivos de la comisaría donde ocurrieron los hechos, antecedentes de los imputados y los partes que modificaron. También se contemplan escritos con el análisis de los teléfonos de los excarabineros.
Según solicitó la fiscal en su acusación se espera presentar a 50 testigos entre funcionarios policiales y testigos reservados, además de cinco peritos que declararán en base a los informes elaborados para este caso, dando cuenta de los resultados y las conclusiones.
Condenas solicitadas por la Fiscalía de Alto Hospicio
En la acusación presentada por la fiscal Aravena se pidió condenar a los imputados J.A.C.P., I.A.A.E., R.M.B.T., A.M.A.U., E.A.G.C. y C.W.R.R. a la pena de la pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo por el delito de tortura, además de las accesorias legales y al pago de costas de la causa.
Adicionalmente, el Ministerio Público solicitó para el exteniente coronel J.A.C.P. y a la funcionaria R.M.B.T. la pena de 5 años de presidio menor en su grado mínimo por el delito de falsificación de instrumento público y 540 días de presidio menor en su grado mínimo por obstrucción a la investigación. Esta última condena también se solicita para el excarabinero I.A.A.E.
Tras una investigación que se extendió por más de un año, el Ministerio Público logró reunir todas las pruebas que buscan acreditar la participación de los exuniformados y que se esperan llevar a juicio.
Excarabineros de Alto Hospicio imputados por tortura
Según la investigación que lleva a cabo la Fiscalía, este caso comenzó el 19 de julio de 2023, cuando fueron detenidas tres personas por el supuesto delito de violación de morada. Entre ellas se encuentra la víctima de iniciales R.A.V., junto a su pareja y un tercero.
En ese momento, el afectado se negó a firmar el acta de salud y acudir al consultorio para constatar lesiones, luego el exteniente coronel y jefe policial de la Tercera Comisaría de Alto Hospicio, J.A.C.P., le ordenó al cabo primero I.A.A.E. apagar las cámaras de vigilancia del sector del calabozo.
A la celda ingresaron los motoristas A.M.A.U. y E.A.G.C., quienes redujeron a la víctima, lo pusieron boca abajo, le doblaron los brazos para esposarlo y procedieron a golpearlo; en tanto, A.M.A.U. le roció gas pimienta. Golpiza que fue observada por la subteniente R.M.B.T., quien culpó al detenido por no haber podido terminar su jornada.
Tras la golpiza, los imputados A.M.A.U. y E.A.G.C. sacaron a la víctima del calabozo para trasladarlo a un consultorio. En el trayecto al carro policial, al no poder mantenerse de pie y caer de rodillas, los policías volvieron a golpear e insultar a la víctima.
En la audiencia de control de detención, se declaró la ilegalidad de la detención, además, la víctima concurrió al mismo centro médico donde se le diagnosticaron lesiones menos graves.
El 4 de agosto de 2023, el afectado llegó a la Tercera Comisaría de Alto Hospicio a presentar una denuncia por las agresiones del 19 de julio, sindicando al oficial de la unidad por su responsabilidad en la golpiza.
Al tomar conocimiento de la denuncia por parte del imputado A.M.A.U., el excomandante de la unidad policial J.A.C.P. ordenó retener el parte policial original y antes de enviarlo a la fiscalía, le ordenaron a R.M.B.T. que modificara su contenido, el que quedó redactado en términos generales y sin atribuir a nadie responsabilidad directa. Tras obligar a otra funcionaria a firmar el documento, fue remitido a la fiscalía de Alto Hospicio recién el 11 de agosto de 2023.
Asimismo, el 4 de agosto, cuando la víctima fue a realizar la denuncia, el cabo primero I.A.A.E. concurrió a la guardia de detenidos para solicitar accesos al dispositivo de grabación de las cámaras de vigilancia y, bajo la excusa de que el equipo estaba con problemas, sacó el Digital video recorder (DVR) o sistema de administración de señales de video y grabación para llevarlo a la oficina de la Sección de investigación Policial (SIP) con la supuesta intención de repararlo.
Una vez que se inició la investigación penal, el exteniente J.A.C.P. comenzó a coordinar las declaraciones de los demás implicados, a fin de desligar responsabilidades y cubrir su participación en los hechos. Además, entre diciembre de 2023 y enero de 2024, J.A.C.P. presionó a dos funcionarios que estuvieron en la guardia el día de los hechos, para que no relataran lo realmente sucedido, sino lo que él decía que debían declarar.
