El Juzgado de Garantía de Iquique tuvo por comunicada la decisión del Ministerio Público de cerrar la investigación en contra de 15 imputados por delitos de Fraude al Fisco en el denominado “Caso de Cajas de Alimentos”.
En la audiencia de apercibimiento realizada este martes, el tribunal acogió la petición de la Fiscalía, oficializando el término de la indagatoria que comenzó en 2020.
Ahora, el Ministerio Público tiene 10 días para presentar una acusación fiscal contra los imputados, desistir de la causa por no haberse reunido los antecedentes necesarios (comunicar la decisión de no perseverar) o solicitar el sobreseimiento definitivo de los imputados.
Recordemos que en el marco de esta investigación, el Ministerio Público a través del fiscal adjunto de Iquique, Juan Zepeda, confirmó que se encuentra en conversaciones con algunas defensas de los imputados para realizar eventuales salidas alternativas y procedimientos abreviados que requieren autorización de la Fiscalía.
El persecutor aseguró en una audiencia de octubre pasado que hay conversaciones más avanzadas que otras, ya que hay un interés de las partes para este tipo de salida. Además, confirmó que algunas de las defensas se han acercado al Ministerio Público para manifestar su interés y hacer planteamientos al respecto.
Sobre el cierre de la investigación, el abogado Enzo Morales señaló que “como único querellante particular, en representación de los habitantes de la región de Tarapacá, espero que la fiscalía presente la acusación y lleve a juicio oral a todos los imputados que están formalizados por delitos de corrupción pública para que sean condenados por la justicia a penas ejemplares de cárcel efectiva sin beneficios y que el consejo de defensa del Estado recupere los $500 millones defraudados”.
“Caso Cajas de Alimentos”
El caso “Cajas de Alimentos” estalló en junio de 2020, luego que un reportaje publicado por Radio Paulina revelara que dos productoras de eventos, giro no asociado a la tarea de distribución de cajas, más una chef habían conseguido la millonaria licitación.
La investigación periodística fue llevada a cabo por este medio, debido a las irregularidades en la adquisición de cajas de alimentos por parte de la Intendencia liderada por Miguel Ángel Quezada en el año 2020.
La Contraloría General de la República (CGR) detectó irregularidades en la implementación de la medida en distintas regiones. Una de ellas fue Tarapacá, en la que se detectó un cuantioso sobreprecio de 232 millones de pesos en el primer proceso de entrega de cajas y de más de 282 millones en el segundo proceso.
El caso ha tenido dos procesos de formalización, el primero con la lista política que involucró al exintendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada (UDI); su exjefa de Gabinete, Lilian Plaza Bravo; el otrora jefe de administración y finanzas de la Intendencia Regional, Jhonny Muñoz; Ximena Ciudad, Juan Ayala, Lorena Barrientos y Luis Cepeda, entre los primeros imputados del caso.
En este primer grupo, el exdiputado y exconvencional por la región de Tarapacá, Hugo Gutiérrez (PC), interpuso una ampliación de querella imputando a más personas en el caso.
Con dicha ampliación que interpuso Gutiérrez se incorporaron funcionarios involucrados en la segunda entrega de cajas, proceso que fue financiado por el Gobierno Regional (GORE) de Tarapacá.
En tanto, en un segundo grupo fueron acusadas seis nuevas personas durante noviembre del 2023. Se trata de la exjefa de División Social y Humano de la Intendencia y actual funcionaria de la Delegación Presidencial de Tarapacá, María Lemus Espinoza; los imputados Gabriel Díaz Duran, Marcelo Valenzuela Contreras, Gunther Ziller Arjona; la actual consejera regional Daniela Solari y su familiar directo Rodrigo Vega Laferte, quienes fueron formalizados por los delitos de fraude al Fisco y organismos del Estado.
