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Multan por más de $990 millones a Aguas Antofagasta por corte de suministro que afectó a 262 mil personas 

La investigación determinó y evaluó las medidas de mitigación adoptadas por la concesionaria, los elementos probatorios, la utilización eficiente y eficaz de los recursos, y los cuidados que se tomaron para dar información correcta y oportuna a los clientes.

La Superintendencia de Servicios Sanitarios (SiSS) aplicó cuatro multas que ascienden a $990 millones a la empresa Aguas Antofagasta S.A. por los cortes de suministro de agua potable ocurridos entre el 3 y 8 de diciembre de 2023, y que afectaron a 262 mil habitantes. 

La suspensión de suministro ocurrió tras una falla eléctrica en la planta de producción de agua potable Desaladora La Chimba, generando una evidente alteración en el cumplimiento de las obligaciones de calidad y continuidad de los servicios que deben asegurar las empresas concesionarias.

La Superintendencia informó que, en una de las líneas investigativas derivada de los cortes ya referidos, concluyó aplicar una multa de $31.949.280, tras verificar incumplimiento del deber de garantizar la continuidad del servicio de distribución de agua potable, al constatarse cortes en Antofagasta, entre el 3 y el 8 de diciembre de 2023. 

“El prestador no puede ser eximido de responsabilidad, por cuanto los hechos que describe para excusarse no son constitutivos de fuerza mayor: por el contrario, los trabajos que se estaban realizando fueron mandatados por Aguas Antofagasta S.A. quien debía tener conocimiento de las faenas que se realizarían para el cumplimiento del contrato”, se detalla en un comunicado.

Por otra parte, la entidad fiscalizadora aplicó una multa de $519 millones por afectarse a la generalidad de los usuarios del servicio en la ciudad de Antofagasta por cuanto se encuentra acreditado que los hechos afectaron al 53,98% de los usuarios del servicio. 

En la Resolución la Superintendencia se precisa que “respecto a la afectación a colegios, restoranes, servicios públicos y hospital regional, se contienen en las actas del COGRID que forman parte de este expediente administrativo y que son de conocimiento del prestador, al haber participado en dichas sesiones”.

Por otra parte, la SISS aplicó una multa de $79 millones tras verificar el “incumplimiento de las órdenes y requerimientos, debidamente notificados, contenidas en el oficio ORD. N°3459/2008, al constatarse en fiscalizaciones realizadas el 4, 5, 6 y 7 de diciembre de 2023, que múltiples puntos de reparto se encontraban sin suministro alternativo”. 

Además, las actas de fiscalización referidas a las deficiencias detectadas al suministro alternativo fueron comunicadas oportunamente durante la emergencia y que “fue discutido en las sesiones del COGRID”. 

La Superintendencia precisó que lo relevante en este punto no es la forma en la que se presta el suministro alternativo, camiones o estanques, sino que a través de estos medios se pueda suplir la falta de suministro de agua potable y garantizar que los clientes tengan suministro mínimo necesario para abastecerse mientras el servicio no es prestado por la red pública.

Por último, se aplicó una multa de $359 millones por la entrega de información manifiestamente errónea por parte de Aguas Antofagasta S.A. “al constatarse inconsistencias entre la información entregada por el prestador en el programa de desarrollo vigente y en el informe balances oferta y demanda”. 


“Al señalar que disponía de una capacidad de producción en la Planta Salar del Carmen de 1.100 l/s, mientras que durante la emergencia se comprobó que la planta Salar de Carmen no fue capaz de producir más de 646,65 l/s, llegando a una producción promedio del período durante la emergencia de solo 606,65 l/s”, señala la resolución.

Conforme a la ley, las multas son a beneficio fiscal y deberán ser pagadas en la Tesorería General de la República, sin perjuicio del derecho que le asiste a Aguas Antofagasta S.A. de reclamar ante los tribunales sobre la procedencia y magnitud de la sanción aplicada.

La SiSS seguirá manteniendo una permanente fiscalización de la infraestructura de producción de agua potable en Antofagasta, verificando tanto su operación como la ejecución de las acciones comprometidas por la empresa para garantizar que estos eventos no se repitan en el futuro.

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