La Contraloría General de la República (CGR) tomó razón del Decreto Supremo N° 334, de 2024 del Ministerio del Interior que modificó el decreto N° 78 de esa misma secretaría de Estado.
El Decreto Supremo actualiza las atribuciones de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública en el control migratorio, de acuerdo con las leyes vigentes en el territorio nacional.
De esta forma, se establece que en el marco del control de situación migratoria y del procedimiento de control de identidad preventivo en zonas fronterizas el personal militar y el policial deben registrar y trasladar a dichas personas, en caso de que ellas no puedan acreditar que se encuentra en situación migratoria regular, para ponerlas a disposición de la Policía de Investigaciones (PDI).
Lo anterior, sin perjuicio de su colaboración en la fiscalización de la legalidad de la estadía de extranjeros en el país, en estricta coordinación con la autoridad fiscalizadora, en las áreas de la frontera.
